Ecos del Informe


Liébano Sáenz

El informe presidencial es uno de los ritos más relevantes de la política nacional. Así ha sido por mucho tiempo aunque el evento se ha transformado. Su origen es claramente republicano y democrático. En nuestra tradición constitucional se remonta a la época de las Cortes de Cádiz cuando se obligaba al monarca a asistir a la apertura de las deliberaciones de la asamblea. El acto se reprodujo en nuestras constituciones. En el pasado reciente se desvirtuó al convertirse en un acto presidencialista, más que en un evento de la representación popular radicado en el Legislativo. La pluralidad exhibió la disfuncionalidad de la fórmula presidencialista. Lamentablemente, en 2006 se dio un paso nada virtuoso: el Presidente ya no comparece y se limita a realizar un encuentro informativo alejado de la tradición parlamentaria.

Llama la atención que al recibir el documento del Informe de Gobierno, el presidente de la Cámara de Diputados y, por consiguiente, del Congreso, Jesús Zambrano, haya asumido una postura inconsecuente con la figura de la pluralidad. Habló por sí mismo o por una parte, olvidando que en ese acto él representaba a todo el Congreso.  Razones para aludir a la conveniencia de que el Presidente esté presente en la apertura de sesiones las hay, pero también tendría que recordar que fue su partido, el PRD, el promotor del cambio que ahora está en la Constitución.

El informe no es un evento, tampoco un mensaje, es simplemente un texto que el Ejecutivo presenta al Congreso. Sin embargo, desde siempre la atención se ha centrado en lo que el Presidente dice y expone. El Tercer Informe de Gobierno se dio en un momento singular para el país y para la economía mundial. En el mensaje presidencial, como corresponde, se habló de los temas difíciles pero sin llegar a un ejercicio de autoflagelación como hubiera querido un sector de opinión tradicionalmente distante del rumbo de la política y del ejercicio del poder. El Presidente fue congruente con el sentido político de la ocasión: informar y exponer a la ciudadanía las razones y los datos duros de la gestión gubernamental. Lo hizo frente a una sociedad escéptica hacia todo y todos, incluso con respecto a las recientes transformaciones históricas que fueron posibles con el concurso de la pluralidad.

El asunto es mucho más profundo como para remitirlo a una cuestión de comunicación. De hecho, parte de la complejidad del escenario es resultado de la pérdida de ascendiente de los contenidos, formatos y medios de comunicación. Lo de hoy es la comunicación interactiva, en tiempo real, sin jerarquías y sin formatos rígidos ni formalidades institucionales. Es un una circunstancia global y la situación nos hace pensar en un presente y en un futuro caracterizados por gobiernos y políticas de consenso social exiguo. En otras palabras, es preciso aprender a gobernar en medio del debate, la crítica y el disenso, con una credibilidad que solo puede acreditarse con la eficacia, no con la popularidad.

Hace un juicio parcial quien asuma que la crisis de confianza en las instituciones se focaliza en uno o varios eventos: el crimen de Iguala, los escándalos de presunto conflicto de interés, la fuga de El Chapo, etcétera. Sin duda esto abona al día a día, pero no determina la visión crítica hacia el poder y el gobernante; además, como lo hemos señalado, el déficit de confianza no se reduce a una autoridad o instancia, se extiende también a toda la institucionalidad e, incluso, implica a las mismas organizaciones de la sociedad. El problema es estructural y en el caso de México perfila una circunstancia incierta y compleja, no necesariamente virtuosa, para enfrentar la adversidad.

El Presidente ha presentado líneas de acción para los próximos tres años. Lo fundamental es dar continuidad al proceso reformador del que las distintas fuerzas políticas representadas en el Congreso han sido parte; esas transformaciones que ahora son mandato constitucional. Pero el desafío de seguir adelante encuentra un escenario diferente y, en varios sentidos, adverso. La mayoría legislativa es posible, pero su contenido y alcances serán más estrechos dada la circunstancia política, económica y social por la que atraviesa el país.

Frente al dividido juicio sobre las transformaciones alcanzadas, para el Presidente resultaba pertinente plantear la defensa de un proyecto de Nación que no es de un partido o de un grupo, sino del conjunto del país. No es una declaratoria de guerra ni la anticipación del calendario político, se trata de poner en el centro del debate el dilema entre progreso o retroceso. Sí, la evidencia palmaria y las expresiones retoricas de distintas fuentes nos acreditan que hay intentos para revertir las reformas; en algunos casos son movimientos abiertos y públicos como el del magisterio radical contra la reforma educativa, pero también los hay discretos y encubiertos. La política del insulto, la polarización y el afán de anular lo alcanzado no solo apuntan a un personaje de la política, también avivan una serie de procesos políticos que van a contrapelo del interés del país. Las reformas pueden modificarse o enriquecerse pero no revertirse.

El riesgo es que el desencanto sobre el estado de cosas puede, efectivamente, abrir la puerta grande a respuestas falsas. Ninguna democracia es inmune al asalto populista regresivo, más en tiempo de crisis. Por ello el llamado de atención es necesario, útil y conveniente como ejercicio democrático, como también lo es abrir el debate, dejar de trivializar las resistencias a las reformas, tomarlas en serio y plantarles cara.

Es útil para todos mostrar a quienes pretenden cancelar obras públicas en proceso con el sólo afán de ganar popularidad circunstancial; asimismo; debatir si es deseable, también con lucro electoral futuro o para ganar apoyos de los beneficiarios del status quo, cancelar la reforma educativa, la energética, la de telecomunicaciones o la de competencia económica. La política da para mucho y la demagogia movida por la pretensión del voto está de moda; sin embargo, no debemos perder de vista el significado y las consecuencias de avalar opciones irresponsables. En el pasado, el país pagó muy cara la desatención al sentido común y a las reglas del juego a las que toda nación está sujeta. El debate que a todos conviene es aquel que se concentra en las alternativas positivas, eficaces y sensatas para mejorar al México que hoy tenemos.

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