La verdad entre encuentros y desencuentros


Liébano Sáenz

Para la fortaleza de un país y de sus instituciones es fundamental la capacidad crítica de instancias formales como el Congreso y los partidos, así como de la sociedad, particularmente de sus organizaciones civiles y de los medios de comunicación.

La desaparición de 43 jóvenes normalistas en Iguala es uno de los eventos más críticos y difíciles de los últimos tiempos. El hecho representa una herida profunda que supone muchas pruebas y desafíos, especialmente el que tiene que ver con nuestra capacidad para aprender, mejorar y hacer todo lo necesario para que no se repita.

Como en todo hecho trágico, es inevitable la indignación y la búsqueda de culpables. Desde luego que en este caso existen; son quienes planearon, instruyeron y ejecutaron los actos delictivos. También hay responsables indirectos, los que no actuaron frente a la descomposición que era patente en esa región de Guerrero y aquellos que enviaron a los jóvenes estudiantes a un largo viaje, muy lejos de la normal de Ayotzinapa, para realizar acciones de riesgo en una zona peligrosa, escenario de repetidos y documentados homicidios y desapariciones.

Hay quienes han pretendido utilizar el caso con evidente interés político. El radicalismo en ese estado, del que forma parte el mismo centro de estudios de Ayotzinapa, ha conducido el asunto hacia la desacreditación de las instituciones. Es una postura ideológica y política permisible en el terreno de las libertades y del debate propio de una sociedad abierta, pero improcedente como instrumento de justicia. Las indagatorias deben señalar a los responsables materiales e intelectuales de los hechos delictivos, así como a quienes incurrieron en criminal negligencia. Esa es la tarea.

Las procuradurías local y la federal han realizado las averiguaciones. A partir de elementos de convicción y del juicio de peritos y especialistas fue presentada una versión de los hechos. En contraposición a la expectativa de que los estudiantes estuvieran vivos, se desprendió, por razón del tiempo transcurrido, que los jóvenes fueron aniquilados. Las hipótesis son múltiples y el expediente sigue abierto, aunque la versión de las autoridades es que los estudiantes fueron ultimados y sus restos incinerados y arrojados al río en el basurero de Cocula.

El deseo de las autoridades federales de conocer la verdad y de que ésta sea creíble ha concentrado múltiples esfuerzos, incluida la incorporación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independiente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El domingo pasado el grupo presentó un informe que soporta buena parte de las conclusiones oficiales. También desarrolla hipótesis presentes en el expediente pero que no habían sido destacadas en las conclusiones expuestas, como es la referente a un quinto autobús ocupado por los estudiantes que tenía droga. Además, hay un juicio crítico en torno a la manera en la que se desarrollaron las investigaciones y la conclusión de un especialista que disputa la tesis que sugiere que  los cuerpos de los estudiantes fueron incinerados en el basurero de Cocula.

El reporte no supone una descalificación total o absoluta del trabajo de la PGR, aunque muchos medios y comentaristas así lo han asumido. Por el contrario, lo que se aporta robustece la versión de que los estudiantes fueron eliminados por la colusión de las policías municipales con el crimen organizado. Incluso, de corroborarse la hipótesis del quinto autobús, habría una explicación sobre la motivación de la acción criminal. La consideración de que no hay evidencia suficiente para probar que los cuerpos de los estudiantes fueron incinerados en el basurero –conclusión pendiente de verificación con un tercer peritaje de expertos independientes– no anula lo fundamental de la investigación y de las conclusiones de la PGR con respecto a los responsables del crimen, aunque sí demanda una explicación sobre un aspecto crítico: ¿qué sucedió con los normalistas y con sus restos?

Las versiones encontradas se dan en el marco de la crisis de credibilidad que existe en el país hacia todo y hacia todos. En una encuesta reciente de GCE se preguntó, sin mencionar que se trataba de la tesis de la PGR, si era creíble que los autores intelectuales fueron el expresidente municipal de Iguala y el líder del grupo delictivo Guerreros Unidos; dos terceras partes de los encuestados respondieron en sentido afirmativo. Sin embargo, a la pregunta de si la explicación de las autoridades era veraz o falsa, 70% consideró que era falsa. En otras palabras, el prejuicio contra lo que dice la autoridad es de tal magnitud que por el simple hecho de ser ésta la fuente, la versión pierde todo valor.

La decisión del Presidente Peña Nieto de reunirse con los padres de los normalistas desaparecidos cuenta con un apoyo abrumador; ocho de cada diez personas señalan que debe hacerlo.

Las autoridades han actuado con prudencia frente al trabajo independiente. El Presidente ha instruido al Secretario de Gobernación y a la Procuradora para revisar cuidadosamente el informe y actuar en consecuencia. Los temas de desencuentro habrán de resolverse no con la reiteración de la versión propia, sino con investigación adicional y, de ser el caso, con dictámenes complementarios de otros especialistas. Frente a la indignación y a la duda, los medios deben esforzarse para que prevalezca un juicio ponderado, razonado, ajeno a las opiniones simples y al linchamiento fácil y superficial, esto es, para que se mantenga alejado el prejuicio que lleva al escepticismo y rechazo de lo institucional.

Develar la verdad es el objetivo compartido por los padres de las víctimas, las autoridades, los fiscales y los expertos. La politización que rodea al caso poco contribuye a tal propósito y tampoco es útil desviar la atención hacia quienes han realizado las indagatorias. La aportación del grupo de expertos es un buen precedente, pero hay que tomarla con cuidado y sin candidez ya que, como ellos mismos reconocen, se trata de un caso difícil y complicado.

Para el país es una oportunidad de mejorar y de identificar las debilidades institucionales en toda la cadena, desde el gobierno municipal al servicio del crimen organizado hasta la sumisión de la política ante las peores causas cuando no existe sentido de los límites ni referentes éticos claros. El tiempo anticipa por sí mismo el trágico desenlace de los muchachos. Es hora de aprender para que nada igual vuelva a ocurrir.

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