El valor del diálogo


Liébano Sáenz

Este jueves 24 de septiembre, el Presidente Peña Nieto recibió por segunda ocasión a los padres de los estudiantes desaparecidos en los hechos trágicos de Iguala hace un año. El Presidente se hizo acompañar de destacados funcionarios de su gobierno. También asistieron el grupo interdisciplinario de especialistas de la CIDH, abogados, y representantes de los familiares y organizaciones civiles involucradas en el caso.

Frente al escepticismo de muchos y a las expresiones hostiles de los voceros de los padres –con o sin mandato-, el encuentro tuvo resultados positivos; el hecho es en sí mismo un logro. Las exigencias de los familiares son atendibles y el gobierno acreditó voluntad para avanzar en todos los temas, especialmente en el que debe ser objetivo común: el encuentro de la verdad como base para la justicia.

La reunión, no cabe duda, debió haber sido difícil para todos. El dolor que invade a los familiares de los desaparecidos se intensifica a un año de la tragedia por la falta de una versión concluyente sobre lo ocurrido y, consecuentemente, sobre el destino de los jóvenes. Lamentablemente, los padres y sus asesores, al tiempo que demandan el esclarecimiento, también son parte de un activismo político que busca elevar el problema y trasladarlo a objetivos que son ajenos a la justicia.

Los padres y familiares de los normalistas tienen derecho al dolor y también a suscribir causa política, pero los dos planos deben diferenciarse, lo que no ha ocurrido. Es claro que a quienes influyen en ellos o quizás por convicción propia, les ha resultado más funcional el reclamo al gobierno federal, que la exigencia de justicia a las autoridades municipales y locales. Así, por ejemplo, demandan someter a proceso penal a las autoridades federales, en lugar de demandar que todos los responsables materiales e intelectuales sean sancionados. Politizar el caso les podría restar fuerza moral para demandar la justicia que les corresponde.

Frente a la actitud rijosa y pendenciera de los voceros y asesores de los familiares de las víctimas se ha impuesto la disposición por parte de las autoridades. No es una dialogo entre sordos, al menos no lo es por parte del gobierno como puede advertirse en su respuesta. La reacción de la contraparte se explica por la ausencia de una verdad indisputada por las autoridades y los especialistas coadyuvantes. Esto puede superarse y es uno de los compromisos que se desprenden de la reunión. También queda claro que frente a una actitud militante y doctrinaria, la verdad pierde fuerza porque el objetivo es desvirtuado.

Una de las respuestas más importantes del gobierno fue la instrucción presidencial para crear una fiscalía especial para los desaparecidos, incluyendo, desde luego, a los normalistas de Ayotzinapa. La decisión es relevante porque el problema de los desaparecidos trasciende, lamentablemente por mucho,  los hechos trágicos de Iguala. Son decenas de miles los desaparecidos y era necesario que el gobierno de la República diera respuesta institucional al tema en su conjunto. Quizás para los voceros de los familiares de los normalistas desaparecidos, la respuesta es insatisfactoria e incluso elusiva pero para  aquellos que viven el horror de la incertidumbre sobre la suerte de un ser querido, la expectativa es alentadora.

Es lamentable que los asesores y representantes de los familiares de los desaparecidos de Ayotzinapa no reconozcan que la creación de esa fiscalía es un logro histórico de su movimiento. Se trata nada menos que de contar con una política pública y una  definición institucional para dar cuenta de los desaparecidos. Lo deseable para esta fiscalía o instancia sería contar con una base legislativa que permitiera definir con carácter permanente la acción gubernamental para enfrentar de manera responsable y oportuna el problema de los desaparecidos de todos los tiempos.

Las organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos también deberían sumarse para que esta iniciativa del gobierno atienda una de las exigencias de mayor peso en materia de derechos humanos que obliga a una política de Estado para dar cuenta sobre la tragedia de los desaparecidos; situación que no ha cambiado, toda vez que su origen está en la manera como el crimen organizado asociado al narcotráfico resuelve sus disputas entre grupos criminales y la lucha por territorios, como quedó acreditado en Iguala, con el descubrimiento de numerosas tumbas clandestinas.

Es innegable que  el país gana con un gobierno que escucha, que dialoga y que propone; cierto es que la indignación persiste y que, para el caso concreto de Iguala, es necesario tener claridad sobre los hechos y el destino de los jóvenes desaparecidos. Ahí radica el valor del grupo interdisciplinario de la CIDH, pues lo que digan las autoridades difícilmente tendrá la aceptación de los padres de las víctimas, pero no sucederá así con el informe de los especialistas extranjeros. De esta forma es posible alcanzar, o al menos intentarlo, una verdad compartida sobre los acontecimientos, con todas las dificultades que esto entraña por el paso del tiempo y por el probable manejo inadecuado de pruebas. La intervención de la CIDH también puede ser decisiva para alejar la amañada e interesada versión propalada por los grupos radicales en el sentido de que la responsabilidad directa del crimen apunta a las instituciones del Estado mexicano.

El valor del diálogo se acredita con los hechos, pues así como compromete, también construye; es base para crear confianza y para sumar voluntades, así como para dar un curso civilizado a las demandas y exigencias de justicia. Es inevitable que en temas como el de los desaparecidos, el reclamo adquiera prominencia, incluso que haya exigencias desmedidas en la forma y en el fondo. También es importante que las autoridades mantengan temple y claridad de los objetivos. Aunque seguramente  incomoda la incomprensión de la contraparte, lo relevante es hacer lo debido y esto es lo más rescatable del segundo encuentro del Presidente de la República con los familiares de las víctimas de Iguala.

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