Que las instituciones respondan


Liébano Sáenz

Uno de los asuntos que más debe preocuparnos es el que se refiere al desgaste de las instituciones, con las de la democracia a la cabeza. Gobiernos electos, representantes populares, Congresos y partidos políticos sufren un severo e inédito descrédito social, lo que ha abierto la puerta a propuestas que se alimentan de la polarización y buscan capitalizar el desencanto con la democracia. La verdadera solución para fortalecer y mejorar la calidad del gobierno debe construirse dentro de la democracia, no fuera de ella. Ni la calle ni la propuesta de aniquilar lo existente son remedios para las dificultades que hoy se padecen. Las únicas que pueden mejorar la democracia son las propias instituciones de la democracia.

Alienta entonces el ejercicio de rendición de cuentas de los secretarios del gabinete y de la Procuradora General de la República ante el pleno de las Cámaras del Congreso. Es una dinámica entre instituciones que trasciende a las personas: los funcionarios informan y acreditan lo que se ha hecho y lo que se está haciendo para hacer frente a la compleja circunstancia que vive el país. Los legisladores, a partir de la pluralidad y de la libertad de expresión, cumplen su tarea de escrutinio del poder. Es el juego de las instituciones y es igualmente alentador que la cobertura mediática se extienda a este diálogo entre poderes.

El Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, presentó las acciones del gobierno para avanzar en la seguridad, en la eficiencia de la política interna, en el respeto a los derechos humanos y en la calidad de la democracia. Ha sido un año difícil, complejo y en fechas recientes sumamente delicado por lo que significa la postura de organismos internacionales opinando y evaluando el desempeño del país. Sí del país, no sólo del gobierno. El gobierno nacional dialoga, escucha, valora opiniones y recomendaciones, pero también defiende principios y lo mismo hace con las instituciones nacionales en un complejo equilibrio cotidiano.

De igual manera, el Secretario de Hacienda, Luis Videgaray, ha presentado el informe sobre la situación económica y las perspectivas del país. El catastrofismo ha invadido la retórica, pero México crece pese a un entorno adverso. Hay estabilidad macroeconómica y es evidente el interés global por invertir en el país. La drástica disminución de los precios del petróleo se compensa con el aumento de exportaciones no petroleras y con una mayor y mejor recaudación; la inestabilidad en el tipo de cambio no ha afectado a la economía nacional, incluso tenemos tasas de inflación inéditas. Son los efectos de las reformas como lo reconoció ayer viernes la Directora Gerente del FMI, Christine Lagarde. Por su parte, la canciller Claudia Ruiz Massieu, destacó la conclusión del Acuerdo de Asociación Transpacífico de Cooperación Económica, que calificó como la negociación comercial más ambiciosa a nivel mundial, por los altos estándares que pretende establecer en cada rubro. Con ello el país ratifica su presencia diplomática, comercial y económica en el mundo.

La política educativa vive un mejor momento con el arribo del Secretario Nuño. El Estado mexicano ha dejado de estar a la defensiva. La reforma educativa se ve ratificada y reafirmada con la nueva estrategia del Presidente Peña Nieto de ampliar el espectro de la mejora de la educación pública también a los recintos escolares y a una puntual aplicación de las normas. Los profesores tienen certeza sobre su estabilidad laboral en la medida en que cumplan con sus obligaciones. El activismo radical tiene su espacio, pero no a costa del programa educativo y de los alumnos y padres de familia. El chantaje finalmente parece haber llegado a término.

Uno de los capítulos más significativos de este proceso de rendición de cuentas se hizo patente en el Senado de la República durante la comparecencia de la Procuradora Arely Gómez. El país vive un momento espinoso por el desgaste que han sufrido las instituciones encargadas de la lucha contra la violencia y el crimen, así como por  hechos que han afectado la confianza pública en los gobiernos y en la política, principalmente el crimen de Iguala y la fuga de El Chapo Guzmán. En ambos casos se acreditó que se trabaja con seriedad; que no hay posturas cerradas, que hay voluntad de actuar con determinación para alcanzar la verdad y la justicia. También se demostró que los derechos humanos y la transparencia cuentan en el actuar de la PGR y que quienes violentaron el Estado de derecho habrán de enfrentar la acción de la justicia sin importar jerarquía o condición social.

El reconocimiento del Senado a las fuerzas armadas es relevante. Fue un acto oportuno ante la embestida de quienes pretenden minar las instituciones nacionales capitalizando la indignación por los hechos criminales de Iguala, pese a que la evidencia de unos y de otros apunta a la responsabilidad de las policías municipales y del grupo criminal Guerreros Unidos. El traslado de culpas a las fuerzas armadas debe alertar a la opinión pública. A la CIDH le correspondería mostrar más sensibilidad al respecto y, efectivamente, las investigaciones en la materia deben estar a cargo de instituciones nacionales. Si hay que aclarar dudas o precisar cuestiones respecto de un miembro de las fuerzas armadas, el ministerio público o un juez son la instancia indicada. Debe quedar claro que la única justicia genuina es la de las instituciones y a ellas debe remitirse la colaboración internacional.

La respuesta de las instituciones es un signo positivo pero debe ir mucho más allá. Para el caso concreto, es destacable el compromiso de los senadores para adecuar el marco legal a fin de dar certeza y claridad al respaldo que las fuerzas armadas otorgan a las autoridades civiles en materia de seguridad pública. También es menester avanzar en la propuesta presidencial en lo que se refiere a justicia cotidiana para así abatir la impunidad.

Tiene razón el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra´ad Al Hussein cuando se refiere a la inconveniencia de una actuación permanente de las fuerzas armadas en labores policiacas. No les corresponde, no es lo suyo, y por ello deben darse las condiciones para que los mandos civiles retomen su responsabilidad en el marco de leyes e instituciones eficaces e íntegras.

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