Educación y Estado


Liébano Sáenz

La trascendencia de la reforma educativa es reconocida por todos. Los alcances en la Constitución revisten la mayor importancia para las próximas generaciones y para el futuro de todo el país. La educación es el vehículo más poderoso para llegar al destino de una sociedad transformada. Es fundamental para cultivar la igualdad y la libertad. Sus buenos efectos se extienden a todos los campos: economía, seguridad, justicia, equidad y democracia. Por décadas, el país ha aspirado a una educación pública de calidad pero, a falta de ella, hasta ahora los resultados no son tan alentadores. Las evaluaciones nacionales e internacionales así lo muestran.

Mejorar la educación es política de Estado. Todos los gobiernos han hecho un esfuerzo serio y la cobertura puede apreciarse como un logro importante de tal empeño. Esta vez, lo singular ha sido la reforma educativa y el fortalecimiento del Estado frente al poder gremial y ante el deterioro de la calidad educativa provocado por malas prácticas y la desatención de gobiernos hacia sus responsabilidades, incluyendo la referente a infraestructura.

Los mayúsculos y ambiciosos proyectos tecnológicos, de muy elevado costo, por cierto, no se corresponden con instalaciones educativas precarias e incluso en franco abandono. Mantener y modernizar los edificios escolares y su mobiliario son tareas necesarias y urgentes, como también lo es abatir el analfabetismo que persiste en el país.

La agenda por la educación pública es diversa pero lo más importante ya se logró: el cambio en la Constitución para impulsar una transformación que concilie cobertura y calidad. También hay que reconocer que el éxito en el nivel básico y las razones propias de demografía han significado una fuerte presión para la educación media superior y superior. Nuevamente, el gigantismo, teniendo a la improvisación como cómplice,  acelera el deterioro de la calidad educativa y la proliferación de opciones educativas francamente fraudulentas.

Por ahora, lo urgente es llevar la transformación educativa al terreno de la realidad. Los profesores son objetivo, pero igualmente deben serlo las instalaciones educativas y los programas y técnicas de estudio. El SNTE ha sido consecuente y es hoy un activo importante para conducir la reforma a buen destino. Es explicable el temor de los trabajadores pues, si bien no afecta sus derechos laborales, el concurso y la evaluación son parte importante de la reforma. El cumplimiento de las obligaciones y la superación de los mentores son cimientos de la estabilidad laboral.

A tres años de su aprobación, la reforma educativa solo es abiertamente rechazada por un sector minoritario y que, lamentablemente, se enquista en zonas muy pobres del país. Aquellas donde la calidad de la educación es sumamente baja y la resistencia a la mejora educativa es más evidente. Afortunadamente, en Oaxaca, el gobierno local y el federal han tomado decisiones para corregir una situación que desde hace décadas dejaba el aparato educativo en manos del sector más radical e intransigente del gremio, con la ventaja adicional de tener una fuente de  recursos económicos para financiar movilizaciones y acciones ajenas al genuino interés de los maestros. Este gobierno federal logró el cambio que cuatro administraciones no pudieron conseguir.

La expresión más relevante de la voluntad gubernamental es la postura del Secretario de Educación, Aurelio Nuño, de validar la reforma educativa frente a la embestida de la CNTE. La claridad y la firmeza han abolido la indebida práctica de convertir a los gobiernos en rehenes del chantaje, a través de la movilización y los paros educativos. El daño infligido en los últimos años a alumnos y familias de una de las regiones más pobres del país, es inconmensurable y, a todas luces, inaceptable. No se requiere criterio de la Suprema Corte de Justicia pare entender la superioridad que el derecho a la educación tiene sobre las irrisorias demandas de la CNTE, incluida la suspensión de la reforma educativa.

Es fundamental que el Estado mantenga una postura firme frente al ausentismo magisterial, aplicando las medidas consecuentes. Solo así los trabajadores entenderán que la CNTE no solo ha perdido el control de los recursos y la inmunidad contra sanciones, sino que ahora, sus órdenes los perjudican y, eventualmente, los pueden hacer perder su empleo, consecuencia natural de la falta injustificada que se aplica en cualquier empleo o actividad.

La encuesta de GCE, levantada el jueves en Oaxaca y a nivel nacional, es reveladora del sentido de la opinión pública acerca de este tema: la evaluación de los maestros, punto medular de la reforma educativa, fue apoyada por más de 80% de los encuestados. También destacó el rechazo a las movilizaciones a costa de los alumnos y  se aprobó, en proporción de 8 de 10 encuestados, la aplicación de sanciones a los maestros faltistas.

Queda claro en las expresiones del Secretario Nuño que no existe más intención que la de cumplir con la ley y con lo establecido en la reforma educativa. Ciertamente, la firmeza y la claridad son requisito para que los profesores tengan certeza de sus derechos y obligaciones. Es necesario evocar la mística de José Vasconcelos, precisamente en Oaxaca, su tierra de origen, donde la situación se ha vuelto más crítica y adversa frente al proyecto de la educación pública.

Llevar a buen puerto a la reforma educativa precisa mucho más que vencer la  resistencia de grupos antisistémicos. Por ello es un acierto que se otorgue un lugar destacado al tema de las instalaciones educativas y que se resuelva un mecanismo de financiamiento para tal propósito, como fue anunciado por el Presidente en el Informe de Gobierno. Los acuerdos con el SNTE garantizan un piso de colaboración y apoyo, avance que no debe desdibujar los esfuerzos para demostrar a los trabajadores de la educación que la reforma no afecta sus derechos laborales ni su estabilidad en el empleo, en la medida en que cumplan con sus responsabilidades y obligaciones.

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