Un pequeño paso de Zaldívar, un gran salto para México


Liébano Sáenz

“Lo que los jueces han forjado es un golpe de Estado, – de movimiento lento y gentil, pero un golpe de Estado, al fin y al cabo”  Robert Bork

La Corte ha sido protagonista de un paso histórico al conceder amparo para la producción, procesamiento y consumo de mariguana con fines recreativos. En algún sentido, la decisión mueve a muchos al orgullo y a la glorificación. Sin afán de atenuar los trascendentales efectos del fallo, es importante advertir que la función de la Corte es salvaguardar la constitucionalidad de las leyes y de los actos de autoridad, no así la de definir políticas públicas, lo que corresponde al Gobierno y al Congreso. No es cuestión de formas sino de algo mucho más relevante: el sentido de la representación democrática y la responsabilidad de los Poderes de la Unión según la división que corresponde. Reitero, los cambios no pueden lanzarse por la ventana y procesarse en el traspatio.

El tema de las drogas es global; somos vecinos del país más poderoso y principal consumidor de todo, incluso de los estupefacientes  que se producen o transportan en el territorio nacional. Del 19 al 21 de abril está programada una sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas que abordará el tema de las drogas. Es secuela de un largo debate y de las metas definidas en 2009 en “La declaración política y plan de acción de cooperación internacional hacia una estrategia integral y balanceada para enfrentar el problema mundial de las drogas”. Será el mejor escenario y ocasión ideal para revisar la fracasada política de más de medio siglo. Como acción compartida y corresponsable, los países ahí reunidos están obligados a asumir una postura más realista y eficaz ante el problema.

El gobierno también tiene que velar por la salud pública y no solo enfocarse en las drogas ilegales. El reporte más reciente sobre adicciones muestra que la amenaza principal es el alcoholismo. Hay que rescatar del mundo de las adicciones a nuestras escuelas y a nuestros espacios públicos, especialmente aquellos donde concurren menores, jóvenes y familias. Ello exige una actitud de prudencia que ahora no es perceptible entre quienes promueven la apertura hacia una franca legalización. Mucho se ha hablado de regular la mariguana y las grandes líneas están expuestas, pero todavía hay un debate sobre los pormenores. Las modalidades de control, producción, comercialización y consumo son múltiples y bien merecen discusión amplia.

La inexplicable omisión apunta a los partidos políticos y a las fracciones parlamentarias; la ausencia de los legisladores en el tema llevó a la Corte a tomar un rol de hacedores de política pública que no le corresponde. Sería saludable que los partidos dejaran, abierta y explícitamente, en libertad a sus miembros o representantes populares para que se pronuncien al respecto. El tema sí toca puntos de conciencia pues están de por medio cuestiones como las libertades, la salud pública y la seguridad. Mi recomendación es que las Cámaras federales convoquen a una amplia discusión sobre la materia con una agenda temática centrada en las particularidades para así darle a la representación legislativa el espacio natural de deliberación y propuesta que le corresponde.

Es una cuestión de liderazgo en medio de una sociedad dispar. Por una parte, la mayoría no apoya la legalización de las drogas para efectos recreativos, ni siquiera la mariguana, pero tampoco está a favor de la criminalización de los consumidores. Con toda razón, a esta generalidad le preocupa -y mucho- que la permisividad llegue a los menores, sector donde la evidencia médica de los efectos es insoslayable.

El liderazgo no consiste en acomodarse al prejuicio. Gobernar o hacer política para la tribuna es un recurso muy alejado de la responsabilidad. Al respecto ha habido de todo: voces convencidas y honestas que rechazan la legalización de las llamadas drogas blandas; otras, yo entre ellos, que asumen que un cambio en la materia no solo es consecuente con las libertades sino una fórmula para abatir la violencia y la criminalidad asociada, además de oportunidad para promover un mejor y mayor control público de la producción, comercio y consumo. Al centro hay una mayoría que tiene dudas sobre uno y otro argumento; los duros de opinión son minoría y por ello es necesaria más información y deliberación. Mucho daño ocasiona el también patente oportunismo y la hipocresía de quienes eluden postura invocando el debate.

La realidad actual es insostenible. Urge una revisión a fondo que debe hacerse de manera compartida, abierta y razonada. No es un tema de partidos, es asunto de principios, de razones e información que también implica al mundo exterior. México tiene motivos fundados para reclamar un cambio profundo. El país ha sido seriamente lastimado por el infierno asociado a las drogas. La violencia se ha disparado de manera dramática, ha puesto en jaque a las instituciones públicas y ha alterado los términos de convivencia entre personas y familias. Soy de la opinión de que el gobierno de la República asuma un mandato claro e inequívoco de cambio ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en abril próximo. Como lo ha señalado el expresidente de Colombia, César Gaviria, México y su Presidente tienen autoridad en el mundo para demandar un giro en la forma en la que se ha atendido el tema de las drogas y las adicciones.

El tema da para mucho pero hay acciones que no soportan demora. Una de ellas atañe a las autoridades locales y municipales, así como a las educativas, obligadas a blindar los espacios públicos ante la amenaza de las drogas y adicciones. También los medios de comunicación deben asumir una responsabilidad más abierta y activa al respecto. El asunto plantea una espléndida coyuntura para crecer y madurar. Una decisión jurisdiccional bien puede ser el detonador de un nuevo momento, idóneo para que la sociedad, el gobierno y la política logren un positivo reencuentro y consumen una fructífera reconciliación.

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