Sobre la legalidad y la equidad


Liébano Sáenz

“La primera igualdad es la equidad”     Víctor Hugo

El debate sobre la publicidad personalizada de líderes y personajes políticos es de la mayor importancia. De por medio están la equidad en la elección y también el principio de legalidad. La reforma de 2007 determinó no sólo un modelo comunicacional, también estableció que los funcionarios de gobierno y legislativos no se apropiaran de los recursos públicos publicitarios para efectos de promoción personalizada. Respecto a la legalidad sí hay un tema de infracción a la ley cuando se desvían recursos públicos para un objetivo distinto. Si bien, por razones políticas, la reforma de 2007 fue explícita para los servidores públicos, atendiendo a su espíritu y objetivo, también es aplicable a los recursos públicos que reciben los partidos para ser ejercidos según los propósitos consignados en la ley.

Al dirigente del PRI, Manlio Fabio Beltrones, le asiste la razón legal y ética para exponer públicamente el tema y demandar la rectificación de quienes han abusado y violentado la norma. En estricto sentido, una reforma a la ley es innecesaria; en todo caso corresponde al Tribunal Electoral determinar y clarificar lo que está implícito en el artículo 134 constitucional y en las normas que regulan el financiamiento de los partidos políticos.

Cabe señalar que lo establecido en el artículo 134 de la Constitución no tiene carácter electoral, el bien jurídico a tutelar ahí son los recursos públicos, su protección y salvaguarda; es decir, se enfoca en el objetivo de que éstos lleguen y sean utilizados para el bien común. Para el caso que nos ocupa, es que el partido, y no sus dirigente o líder, cuente con los medios necesarios para emprender sus programas de comunicación y publicidad.

Es deseable que a la luz de la experiencia de las elecciones de 2009, 2012 y 2015 se hagan ajustes a las normas electorales. Los aspectos que deben abordarse son múltiples y todos responden al propósito compartido de perfeccionar lo que existe y, en particular, de mejorar el modelo de comunicación. Solo por mencionar un aspecto, en materia de candidaturas independientes hay muchos vacíos. La equidad debe ser salvaguardada y, en todo caso, hacerse explícito que los recursos públicos que se otorgan a los partidos –dinero o acceso a medios- no deben ser desviados por sus dirigentes o líderes para propósitos personales.

El modelo comunicacional vigente privilegia la equidad. Esto significa que se determinan con rigor periodos de precampaña y campaña, así como sanciones para quien los violenten. Es cierto que la equidad es más aspiración que realidad, pero es un valor consignado que debe ser respetado por los actores políticos y garantizado por las autoridades. Cierto, resulta imposible evitar la exposición pública de los personajes de la política o de la vida social y esto plantea una insalvable desigualdad   en momentos cruciales del proceso electoral, bien sea la selección de candidatos o el voto en los comicios constitucionales. Sin embargo, esto no debe dar lugar ni ser factor permisivo para una campaña anticipada y encubierta. Es un hecho que hay desigualdad en materia de reconocimiento e imagen pero la ley determina los límites en programas de comunicación social y refrena las actividades con propósitos de promoción, particularmente las que se realizan a través de campañas publicitarias pagadas con recursos públicos.

El tema de la legalidad es insalvable. Los recursos públicos que se conceden a las organizaciones políticas tienen el propósito esencial de que los partidos difundan sus programas, actividades, propuestas y posicionamientos. La comunicación personalizada está considerada en la Constitución; es definida como toda forma de publicidad que hace uso de nombre, voz e imagen del individuo y está explícitamente prohibida para los servidores públicos e implícitamente para cualquier persona que utilice recursos públicos. En este caso la falta es doble: hay promoción personalizada y también desviación de recursos.

La libertad de expresión permite que los actores políticos se mantengan en el centro de la atención pública en la medida en que sean capaces de generar noticia. Más allá de la maniquea victimización, no hay cercos informativos ni líneas editoriales que en  conjunto excluyan la cobertura de personaje alguno que genere noticia. Así, por ejemplo, la posición de López Obrador con respecto al nuevo aeropuerto de la Ciudad de México ha sido ampliamente recogida por los medios de comunicación y en ello no hay infracción alguna. También en el caso de la reciente elección de gobernador de Nuevo León, el candidato independiente, Jaime Rodríguez, sin promocionales en medios electrónicos, tuvo la más amplia cobertura noticiosa en radio y Tv, incluso mayor a la de cualquier candidato o candidata. Y lo mismo sucede con los servidores públicos gubernamentales o legislativos.

El tema planteado por el dirigente del PRI se refiere al uso de los recursos públicos y no a la libertad con la que cuentan los personajes de la política para hablar, proponer o incluso posicionarse frente a la opinión pública. Para quienes toman decisiones en  un partido sin institucionalidad y con fuerte inclinación caudillista quizás no existe diferencia entre lo uno y lo otro, es decir, que el líder moral es el partido y el partido es el líder moral. Sin embargo, para la ley sí existe una clara diferenciación y su lugar está en la Constitución que determina los extremos de la comunicación social personalizada.

Lo que ahora corresponde es que se presente la impugnación respectiva ante el INE y/o el Tribunal Electoral para que sea el juez el que interprete y defina lo que está implícito en la ley. No tengo la menor duda de que el fallo será en sentido favorable a la legalidad y a la equidad. Además, cabe el proceso legal derivado del supuesto de desviación de recursos públicos.

Finalmente, más allá de la controversia y de las posturas que buscan capitalizar el debate con fines de posicionamiento, lo más importante es la vigencia de la legalidad. Que se entienda desde ahora que el piso básico de toda democracia es el cumplimiento de la ley, con igual valor para gobernantes que para opositores, incluso para quienes han hecho de la victimización un medio para ganar simpatía y favores del elector.

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