La Novena Época de la Suprema Corte


Liébano Sáenz

El fin del periodo de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Olga Sánchez Cordero y Juan Silva Meza, cierra el primer ciclo de la nueva Corte. Se trata de los dos últimos ministros designados en el momento fundacional de la Novena Época del órgano jurisdiccional supremo. El reconocimiento público que ambos recibieron es justo y merecido, aunque esta apreciación también debe ir dirigida a la institución a la que sirvieron con compromiso y talento.

La Suprema Corte de Justicia no es ajena a los problemas que padecen muchas de las instituciones nacionales; sin embargo, puede afirmarse, sin exceso, que ha logrado consolidar su papel como uno de los mayores pilares de la Nación, acreditada por su desempeño y por las resoluciones emitidas en su seno que son referente de constitucionalidad, así como por una visión progresista y republicana del derecho. La controversia es inevitable igual que el disenso que acompaña a algunos de sus fallos, pero lo importante es la solidez constitucional y la fortaleza jurídica de sus decisiones, especialmente la autonomía acreditada.

La independencia ante el poder gubernamental o los poderes fácticos es supuesto necesario para una justicia al servicio de la Nación, como también lo es para garantizar rigor de juicio y apego estricto a la legalidad. La integración colegiada del pleno y de sus salas avala un equilibrio que ha sido útil al país y a la Constitución. No se gobierna por consenso, tampoco la justicia obedece a la opinión pública o publicada; lo relevante, en el caso del juez, es la solidez de sus determinaciones, agraden o no.

Hace ya más de dos décadas que se creó la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación. Era una de las exigencias más apremiantes de la transformación democrática de las instituciones, de ahí que a semanas del inicio de la administración del Presidente Ernesto Zedillo, se concretara su transformación profunda y la ratificación o incorporación de juzgadores que lograron una expresión a la altura de las mayores aspiraciones del México contemporáneo.

La trascendencia de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación fue su autonomía respecto al Presidente de la República, parte relevante de la transición democrática y de un auténtico equilibrio de poderes. La expectativa fue la de eliminar toda forma de interferencia o intervención del Presidente. En retrospectiva la reforma es uno de los capítulos más relevantes de la reforma institucional; sus promotores tuvieron visión y capacidad para que la transformación cumpliera sus objetivos.

Los ministros de la Corte que ahora se despiden, han honrado con creces el oficio y su magistratura; sin embargo, a una institución que funciona de manera colegiada, incluyendo al Consejo de la Judicatura, no es sólo la singularidad de las biografías de sus integrantes lo que la enaltece, sino los resultados del conjunto. La Corte es una institución virtuosa por su poder de conciliar constitucionalidad y justicia.

Por esta consideración la propuesta del Ejecutivo federal de terna de candidatos a ministros de la Corte y, especialmente, la decisión del Senado de la República deben cuidar el equilibrio y la calidad de la Suprema Corte de Justicia. El ejercicio es doble, por una parte, designar a quienes cuenten con los mejores atributos para el desempeño de la magistratura y, por la otra, que los designados hagan que el conjunto sea expresión del equilibrio deseable para el órgano de justicia más importante del país.

La Corte se ha acreditado por sus decisiones. Por la exigencia de constitucionalidad ha tenido que revertir decisiones legislativas o de gobierno. Esta es una función correctora, no moderadora, así lo es porque el sustento de toda resolución es la constitucionalidad de los actos de autoridad, no su pertinencia social o justiciera. En ello va implícito que no hay acciones jurisdiccionales de carácter constitucional contra la Constitución, como en alguna ocasión se pretendió en un trascendente litigio en el que se postuló diferencia de jerarquía de disposiciones en la Carta Magna.

Al respecto, es pertinente que el Constituyente Permanente determine jerarquía de normas al interior de la Constitución. Incluso, como ya he sugerido en otras ocasiones, que los artículos doctrinarios y asociados a los derechos fundamentales tengan un tratamiento diferenciado para su reforma. Para ese caso, al proceso constitucional existente, habría que incorporar el plebiscito o referéndum, de manera tal de dar a la Constitución solidez y flexibilidad con apego a los principios democráticos.

La circunstancia virtuosa de la Corte no es la misma para el conjunto del Poder Judicial de la Federación, tampoco para el sistema de justicia, especialmente el penal. La crítica del exterior, en algunos casos del gobierno, ha llevado al Consejo de la Judicatura a una resistencia de reconocer errores y en ocasiones lentitud para actuar frente a casos de corrupción en la impartición de justicia. Las buenas cuentas de la Corte no deben llevar a la complacencia y sí a una actuación más enérgica y firme para evitar que la justicia sea afectada por la venalidad o la intimidación.

La PGR evoluciona hacia la Fiscalía General de la República y en el país está en curso un nuevo sistema de justicia penal. El combate al crimen organizado obliga a revisar el procedimiento judicial. La integración de jueces especializados y con salvaguardas, como el anonimato y otros medios de protección análogos a los de otros países en similar situación, es fundamental en esta lucha del Estado contra la violencia asociada a la delincuencia. La Fiscalía General deberá mejorar la investigación e integración de expedientes y, por su parte, la justicia federal tendrá que asegurar el estricto cumplimiento de la ley.

Como se ha anticipado, los asuntos de justicia que afectan a las personas en su día a día competen, en buena parte, a los jueces locales. Este desafío obliga a ampliar la perspectiva para avanzar en la transformación de los poderes judiciales locales. Lo alcanzado en la Suprema Corte es un buen precedente, lo mismo que las aportaciones de quienes allí han servido inspirados en los mejores valores de la justicia.

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