La política después de 2018


Liébano Sáenz

México ha desarrollado su democracia con el método de las aproximaciones sucesivas. Ha sido un largo recorrido de modificaciones y reformas acumuladas que ha permitido el arribo a la normalidad democrática sin rupturas ni crisis políticas graves. El cambio representa la síntesis de una inercia preventiva (anticipación) y otra correctiva (ajuste de la ley ante una realidad que se impone). Lo deseable es que prevalezca la dinámica del cambio progresivo al margen de la confrontación o del vacío de poder.

Los acontecimientos de la última década muestran que el modelo de partidos no ha cambiado al ritmo de la sociedad. Es un problema global que se acentúa en los países en los que se ha perdido esperanza y donde el orden de cosas ha caído en descrédito. En México, en el pasado reciente, dos factores han irrumpido con un mismo referente: candidatos independientes y Morena. Su común denominador es la fuerte carga antisistémica pues, en mayor o menor grado, ambos postulan que lo existente ha dejado de ser funcional al país.

En un largo trazo, el proceso de cambio ha significado la disminución del partido dominante y también del poder metaconstitucional del Presidente de la República. Primeramente, en 1988, se pensó que el giro apuntaría hacia el flanco de centro-izquierda a través de la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas, postulado por el Frente Democrático Nacional. Sin embargo, en la elección siguiente, el PAN recuperó su condición de opositor al régimen priísta con suficientes méritos para lograr, al quiebre del siglo, la alternancia en la Presidencia con Vicente Fox, candidato de Acción Nacional y del PVEM. Con López Obrador, la izquierda recuperó el principal sitio como opositor. Ahora, sin embargo, y en vista de lo acontecido en las elecciones de este año, queda claro que el país se perfila hacia una circunstancia de voto fragmentado. Los partidos pierden peso y el candidato lo gana. Así, las elecciones se definen cada vez más por la vía de una coalición.

La concurrencia de candidatos competitivos y voto dividido y diferenciado es indicativa de la evolución del elector. La irrupción de la comunicación digital supone un viraje importante, especialmente la relevancia de la comunicación noticiosa sobre la prolífica y excesiva publicidad en medios electrónicos. El juego es diferente. Pero el tema no solo son los partidos y las elecciones, también implica la forma de integración de gobierno. Si bien el régimen presidencial ha evolucionado, un mayor ajuste constitucional es requerido.

En esta materia, el Pacto por México introdujo un cambio fundamental a la Constitución al prever en el artículo 89, fracción XVII, la facultad amplia del Presidente de optar por un gobierno de coalición con uno o varios partidos políticos representados en el Congreso. Se asume, que esta atribución del Presidente, que entrará en vigencia en 2018, prevé el caso de un gobierno sin mayoría y que para tal efecto pueda celebrar un acuerdo para la integración plural del gabinete.

La disposición es ambigua ya que la ley no ofrece una definición de “gobierno de coalición”, más cuando el poder Ejecutivo es unipersonal y se admite que los funcionarios del gobierno, además de su subordinación al Presidente, atienden a un criterio técnico -no político- asociado a las competencias propias de la administración pública. La noción de gobierno de coalición corresponde al régimen parlamentario; allí sí hace sentido porque el gabinete surge de ese órgano legislativo. En un sistema bicameral el asunto es bastante complejo, ya que además de que esta nueva atribución del Presidente es discrecional, la ley no precisa las condiciones políticas o electorales para constituir un gobierno de tal condición.

La disposición no resuelve el problema de un Presidente electo con un bajo porcentaje de votos ni el de la ausencia de mayoría legislativa. Sin embargo, el cambio institucional sí abre espacio a la política para que el Presidente y su coalición gobernante puedan alcanzar un acuerdo con fuerzas de la oposición y garanticen   gobernabilidad al régimen, especialmente si el resultado exhibe un poder fragmentado en la elección presidencial y en la de Congreso.

La fragmentación del voto sugiere que el próximo Presidente puede ser electo con un porcentaje todavía menor a 33% de los votos. La realidad también muestra que difícilmente habrá una reforma que establezca una segunda vuelta, propuesta que ha sido promovida por Acción Nacional porque, dicho sea de paso, resulta funcional a sus intereses, contrario a lo que supone para el PRI o para Morena.

También es probable que la pluralidad se exprese con mayor intensidad en la integración de las Cámaras federales, incluso puede darse el caso de un Presidente emanado de un partido con muy precaria presencia legislativa. El gobierno de coalición se plantea como una salida política al problema aunque, como he señalado, la cogobernabilidad no es propia del régimen presidencial y esto puede generar tensiones mayores.

La fragmentación del voto, la crisis del sistema de partidos y el descrédito del régimen existente plantean un reto inédito para 2018. En estas circunstancias es fundamental cuidar el proceso electoral al punto de garantizar que el voto sea fuente de legitimidad. Ello conlleva la necesidad de un acuerdo político plural previo a la elección que otorgue certeza a las elecciones y a sus resultados, pero este desafío exige superar dos de las grandes debilidades de la negociación política: el chantaje y la polarización.

La reforma debe proseguir. Considerado los intereses que hay de por medio y el desgaste que implicó el Pacto por México, las alternativas en el corto plazo se orientan hacia cambios de carácter electoral estrictamente indispensables como la resolución de los vacíos de ley con respecto a los candidatos independientes (prerrogativas, fiscalización y requisitos) y los ajustes al modelo comunicacional para favorecer el debate sobre la publicidad. Hoy en día se requieren mayores cuotas de responsabilidad. En este punto de la historia democrática del país, es preciso comprender que una apuesta riesgosa e incierta significa la ruptura del régimen institucional. La reforma concertada por la pluralidad puede parecer sinuosa y lenta pero es la vía más razonable del cambio deseable.

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