Mando único, diferentes realidades


Liébano Sáenz

“Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres de buena voluntad” Lucas 2:14

Es alentadora la noticia de que el mando único policial en los hechos ya prevalece para casi toda la población. Es positivo porque las policías municipales representan el eslabón más débil de la estructura del sistema de seguridad; una decisión que incide en su fortalecimiento hace pensar que se está atacando el problema en una de sus causas. Muchos de los problemas asociados al crimen organizado tienen con frecuencia como origen, la cooptación de las policías municipales, como lo revelan con dramática claridad los hechos de Iguala y los jóvenes normalistas desaparecidos.

Un acierto que la SEGOB no haya esperado a la decisión legislativa para avanzar en el tema; sin embargo, no deja de ser lamentable que el Congreso no avance en el nuevo modelo policial que es uno de los asuntos de mayor prioridad y urgencia desde el gobierno federal pasado. Mejorar a las policías municipales es indispensable para una mejor seguridad en lo general y para ganar terreno al crimen organizado en particular. Es cierto que existen casos de excelencia de policía municipal, pero esto no obstruye la tesis sobre su vulnerabilidad.

Unificar policías en el nivel estatal requiere mejorar la calidad del mando local y de sus mismas policías. Por el peso de la evidencia, no se puede asumir que en todos los casos y siempre, los mandos estatales son garantía de eficacia, integridad y buenos resultados, incluso, lo mismo pudiera decirse de las fuerzas del orden de carácter federal. El problema es amplio y debe examinarse a partir de todas las condiciones que inciden en el inaceptable grado de impunidad que existe en el país. Esto incluye a los tres poderes públicos y también a la sociedad. Sólo habrá seguridad si todo el conjunto social e institucional se involucra en la solución.

La falta de calidad de las policías no sólo se resuelve con la unificación de mando. Es indispensable mejorar las condiciones generales de desempeño de las fuerzas del orden y esto significa aumentar de manera considerable el gasto realizado en la materia. Aquí y en cualquier parte, contar con policías confiables significa equipamiento, capacitación, estímulos laborales y sistema de bienestar social, salario suficiente, sistemas de evaluación permanente, certificación de confiabilidad profesional, etcétera. De otra forma, aún con mando único las policías municipales persistirán siendo expuestas a la cooptación o sometimiento del crimen organizado. Se requiere plantear públicamente de qué tamaño es la necesidad presupuestal para que se entienda la necesidad de fortalecer los ingresos públicos. Una de las consecuencias de la debilidad financiera de los ayuntamientos ha significado un bajo gasto en seguridad pública.

La policía de contacto ciudadano no solo es la más numerosa, también es la que más debiera incidir en la seguridad de las personas y las familias, además es la que más puede contribuir a la prevención por sus tareas de vigilancia. Sin embargo, su mejora no puede darse por decreto o simple voluntarismo legislativo si no se acompaña de todo un esfuerzo financiero, social e institucional a la proporción del problema.

Además, dos aspectos adquieren la mayor relevancia: ética de servicio y dignificación social de la profesión. Lo primero significa que todo esfuerzo económico o gubernamental que no se acompañe de la interiorización de valores será incompleto para lograr el objetivo. Esto mismo se asocia a la necesidad de que la población vea en sus policías un medio para su protección y no una amenaza. Esto implica la necesidad de un cambio radical en la manera como la comunidad se involucra y participa en las definiciones de seguridad y, desde luego, también, en la forma y medios como las autoridades y las mismas policías se relacionan con la sociedad a la que sirven.

Las organizaciones sociales, las escuelas y los medios de comunicación pueden ser aliados de la mayor importancia. Por una parte, se requiere que las autoridades municipales remitan a estrategias que propicien una mayor cercanía y conocimiento de las policías destacadas en un territorio determinado. Un esquema centralizado de queja y atención es necesario, pero es insuficiente y en ocasiones es lento en su operación para el caso de emergencias. Esto significa que la policía de contacto también debe estar al acceso de las personas y familias para estos efectos. Por la otra, es indispensable rescatar espacios públicos y escuelas de las acciones delictivas. Las experiencias más exitosas en el combate al consumo de drogas han tenido como objetivo salvaguardar a la escuela y los espacios de convivencia familiar. Sería útil que el entusiasmo que muchos muestran en la propuesta de despenalizar el consumo de mariguana, iniciativa que comparto, también se vinculara a cómo proteger a la población joven de las adicciones, y esto no solo pasa por la mariguana, sino especialmente por el alcoholismo, el que cobra una cuota muy alta en el daño a las familias y a la población joven.

Más allá del debate sobre legalización de drogas está el tema de la seguridad y el de las adicciones. Quien asuma que legalizar la producción, posesión y comercio de drogas va a resolver o siquiera atenuar la violencia y el delito, así como la recurrencia de las adicciones, no está entendiendo la complejidad de ambos fenómenos.

Para cualquiera de los objetivos de política pública: seguridad o salud, es imprescindible mejorar la calidad del gobierno municipal y una perspectiva de prevención mucho más comprometida y con mayores alcances. Insisto, el esfuerzo no es menor, se requiere mucho más dinero del que actualmente se está destinando, pero también una perspectiva en materia de ética y de participación social especialmente para las autoridades municipales.

Así, la coordinación adquiere sentido, pero también impone límites y reglas. En este empeño quedará al descubierto que la mejor manera de ganar la batalla al crimen y la violencia es el resultado necesario de un mejor y más inteligente gobierno, implícito en los tres órdenes y en todos los poderes públicos. No está por demás señalar que la solución óptima revela la necesidad de una perspectiva más solidaria y comprehensiva con el municipalismo.

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