Derechos humanos: más allá de un informe


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Liébano Sáenz

Duras las palabras de Isabel Miranda de Wallace al refutar el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la situación en el país. Además de señalar  que el reporte no refleja la realidad, lamentó que una investigación tan deficiente sirva de referencia para hacer un juicio sobre un tema tan importante y delicado como el de la situación de los derechos humanos en México. La presidenta de la organización Alto al Secuestro deploró que un órgano de la importancia de la CIDH haya dado lugar a una indeseable polémica por la inexplicable omisión de precisar, desde el inicio, las limitaciones metodológicas del ejercicio.

El debate debió centrarse en los derechos humanos, no en el informe como tal. Es cierto que la impunidad que se vive es una de las causas más importantes para las insuficiencias en vigencia plena de los derechos. También lo es el desapego a la legalidad, no solo el que muestran las autoridades a cargo de la seguridad y justicia, sino el que nace de la indiferencia social hacia el código básico de civilidad que da vigencia plena a la ley. La situación de los derechos humanos siempre ha sido un problema precisamente por esta crisis de legalidad. Es un desafío para las autoridades pero también para el conjunto de la sociedad, principalmente  porque son muchos los que lejos de ver la ley como garantía o protección, la consideran una imposición injusta y autoritaria del gobernante.

El informe de la CIDH refiere que la crisis de derechos humanos es consecuencia de la impunidad que persiste desde lo que ellos llaman la Guerra Sucia iniciada en el gobierno anterior. Creo que tal afirmación es inexacta y que la situación es mucho más compleja, toda vez que las dificultades en materia de derechos humanos preceden  las acciones de la administración pasada para enfrentar al crimen organizado. Además, lo señalado en el informe alude solamente a una dimensión del tema, aquella que está asociada a la justicia penal.

Es fácil recurrir a los juicios parciales y a las sentencias sumarias desde el exterior. Así, es lamentable que el informe de la CIDH descalifique el esfuerzo que desde hace mucho tiempo ha realizado el país para hacer valer los derechos humanos. Una evaluación crítica resulta útil, lo mismo que la exigencia de mejora o el señalamiento de eventos, lugares y situaciones que comprometen la eficacia de las instituciones; sin embargo, también es necesario observar el contexto y el proceso histórico para evitar recomendaciones parciales. Como tal son certeras las palabras de Isabel Miranda en el sentido de que el tema, por su importancia, demanda mayor calidad de juicio y no admite generalizaciones a partir de observaciones parciales en el doble sentido de la palabra: cargadas de prejuicio y limitadas en su geografía.

La realidad es que no se puede –ni se debe- minimizar el reto de dar validez plena a los derechos humanos y cauce a las acciones eficaces frente a situaciones particulares y estructurales. Insisto, una de las razones para garantizar la vigencia de estos derechos es la precaria cultura de legalidad en el sistema reflejada, entre otras cosas, en la incapacidad de las autoridades para llevar a la justicia a los criminales.

Uno de los objetivos para avanzar en la vigencia de los derechos humanos es romper con el falso dilema entre seguridad o legalidad. En este sentido no puede haber justicia fuera de las premisas del debido proceso. Para la seguridad no existen coartadas. Es explicable que la sociedad demande y espere de sus autoridades resultados que mejoren el sistema de justicia penal, y eso implica a todo el conjunto: policías preventivas y de proximidad, policías de investigación criminal, fiscalías, justicia y sistema penitenciario. Todo el proceso debe darse en el marco de la ley. Policía eficaz es la que coadyuva con autoridades e instancias judiciales para dar curso a la justicia legal.

El empleo de las fuerzas armadas para responder a situaciones graves de deterioro de seguridad ha sido un recurso inevitable que supone riesgos de diversa índole. El Ejército no puede reemplazar a las policías bajo mando civil. Su intervención debe ser temporal y extraordinaria. Lamentablemente, la debilidad institucional de los gobiernos locales, especialmente de los municipios, ha promovido policías e instancias de procuración de justicia muy inferiores a las requeridas, sobre todo cuando se enfrenta al crimen organizado. En situaciones de ausencia de Estado es explicable la intervención de las Fuerzas Armadas.

Por esta consideración es crucial que el Congreso de la Unión dé respuesta a la iniciativa presidencial sobre el nuevo modelo policial. Sin embargo, la solución no solo implica aprobar normas, establecer un nuevo modelo organizacional y redefinir atribuciones, también demanda una significativa inversión financiera, a la altura de la dimensión del problema. Queda claro que un policía sin un salario digno, sin equipo ni capacitación y sin estímulos por el deber cumplido puede volverse fácilmente en contra de la sociedad a la que debe servir. El problema no es generalizado pero tampoco es aislado; se presenta en muchas partes precisamente por la crisis financiera de los municipios del país.

No todo lo que se refiere a un mejor sistema de seguridad se resuelve con dinero, es indispensable la mística y el liderazgo de parte de las autoridades civiles y de los altos jefes policiacos. De cualquier manera es ineludible que el Constituyente Permanente defina las bases para el financiamiento de la encomienda que plantea la ley, de otra manera la reforma no alcanzará sus objetivos.

Los derechos humanos son el resultado de un sistema de gobierno eficaz y de una sociedad que ha interiorizado las bases de la civilidad. Todo apunta a la legalidad y ha llegado el momento de asumirla en todas sus vertientes e implicaciones.

En las últimas décadas, el país ha logrado metas históricas, entre ellas la normalidad democrática y el seguimiento de un modelo económico que asegura estabilidad. Ahora son dos las asignaturas pendientes: una mejor justicia social y una mejor justicia penal. La primera apunta a una economía más justa y generadora de oportunidades; la segunda, a la vigencia plena del Estado de derecho.

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