Por un saludable acuerdo político


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Liébano Sáenz

La convivencia en las megalópolis impone responsabilidades adicionales a las que se presentan en otros lugares. Por su densidad demográfica, la Ciudad de México y su zona conurbada demandan mecanismos extraordinarios de inversión pública y de coordinación entre entidades y órdenes de gobierno. Una mala decisión alentada por motivos  partidistas, como la modificación del programa Hoy no circula, afectó de manera sensible la calidad del aire en el Valle de México. La consecuencia tuvo alcances mayores. Una  medida correctiva extraordinaria generó más efectos que el régimen modificado e incluso trascendió hacia el gobierno federal. El Presidente Peña Nieto pidió al secretario Rafael Pacchiano concertar con las autoridades estatales y del Distrito Federal un esquema de atención inmediata para superar el problema.

La coordinación entre entidades es compleja, no tanto por las diferencias políticas de factura partidista sino por consideraciones de carácter legal y financiero. La Ciudad de México –antes Distrito Federal- es una entidad con privilegios y ventajas en comparación con los estados vecinos. Entre los aspectos más evidentes destaca  el gasto que hacen los estados en materia de educación y salud, uno de los rubros con mayor impacto presupuestal. También habría que considerar que la deuda de la Ciudad de México es nacional, no local. Además, a partir de 2013 fue asignado al DF un fondo de capitalidad, una suerte de compensación por ser la sede del gobierno central y de los poderes. Este año, el fondo contempla la suma de cuatro mil millones de pesos. En otras palabras, estas circunstancias la convierten en la entidad más rica del país, la de mayores ingresos propios, pero también la única que no gasta en educación ni en salud. Y esta situación no habrá de cambiar en su transformación institucional.

Por tales circunstancias y estimando la situación dispar de las zonas conurbadas, es difícil que los estados vecinos puedan homologar condiciones, al menos en lo que respecta a una serie de programas metropolitanos. Las entidades que integran la megalópolis son la Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Morelos y Puebla. La capital y su zona conurbada del Estado de México enfrentan una misma realidad aunque, como ya señalamos, con diferentes circunstancias jurídicas y financieras. En el resto del Estado de México, Morelos, Puebla, Hidalgo y Tlaxcala sería excesivo homologar las determinaciones en sus territorios y con sus habitantes. Por ejemplo, la restricción vehicular del programa Hoy No Circula solo se justifica en lugares con problemas de calidad del aire, de manera tal que no es aceptable que la población resulte afectada solo por razones de vecindad. Sí, es evidente que someter a todos los vehículos que transitan por la Ciudad de México y la zona conurbada  a programas de verificación y restricción vehicular es una necesidad insoslayable. Por lo tanto, resulta inadmisible la excepción, aun la de los vehículos federales, y se vuelve exigencia el régimen homogéneo de verificación vehicular para todas las entidades.

El programa emergente para mejorar la calidad del aire del Valle de México es un logro. Gobiernos de orígenes partidistas diferentes han emprendido acciones que, si bien difíciles, seguramente serán eficaces para enfrentar la emergencia. El regreso al esquema original de restringir la circulación de todos los vehículos mejorará la calidad del aire pero afectará al 20% del parque vehicular. Más de un millón de vehículos dejarán de transitar cada día, lo que supondrá una demanda abrumadora para el sistema de transporte público actual.

Como es ampliamente reconocido, es impostergable fortalecer el transporte público, incentivar la inversión privada en vehículos no contaminantes y fomentar el uso de la bicicleta, esquemas que comparten muchas de las ciudades modernas en todo el mundo.

La realidad es que ante la magnitud del problema, la inversión en transporte público ha sido insuficiente. Se ha hecho mucho, pero no todo lo necesario. Limitar el uso del automóvil necesariamente implica mejorar y ampliar la cobertura y la calidad de las opciones de desplazamiento colectivo. En ese sentido, urge reconsiderar la inversión para la movilidad de la zona metropolitana, lo que incluye el servicio del Metro, del autobús y del sistema del Tren Suburbano.

No coincido con quienes critican la inversión pública para mejorar vialidades, sobre todo cuando tienen modalidades de financiamiento a cargo de los mismos usuarios. En todo caso, sería cuestionable que este gasto se hiciera con recursos públicos que bien podrían destinarse al transporte público. La misión fundamental es ampliar la inversión pública en materia de movilidad en sus dos grandes líneas: infraestructura de vialidades que favorezcan la fluidez vehicular con cargo a los usuarios y, especialmente, la red de transporte público que integre y articule a la megalópolis.

Los impuestos son impopulares y en ocasiones injustos o contraproducentes para el bienestar o la economía. Sin embargo, debe considerarse el gravamen a las gasolinas con el propósito de destinar estos ingresos, en la medida de lo posible, al financiamiento del transporte público urbano y suburbano. La solución estructural al problema de la contaminación atmosférica tiene que ver con el uso del automóvil y el insuficiente sistema de transporte público; revertirlo requiere una estrategia fiscal y presupuestal que imponga mayores costos a quienes contaminan y que permita usar estos recursos para resolver insuficiencias de los servicios urbanos.

Desde una perspectiva democrática y de buen gobierno, es aleccionador que en pocos días las autoridades de las entidades involucradas y el gobierno federal hayan definido un mecanismo emergente que seguramente dará buenos resultados. La medida es impopular y seguramente afectará a millones de personas por la insuficiencia del transporte público. También, en el largo plazo, puede tener efectos negativos, entre ellos el incremento de vehículos, sobre todo si no se mejora la calidad del servicio de transporte. Por ello debe alcanzarse un consenso que resuelva el problema de fondo y que también sea útil para las demás entidades del país. El tema ambiental no solo implica responsabilidad con el entorno, también es una cuestión de salud pública. La indiferencia institucional o pública sobre este asunto conlleva efectos lamentables y, al final, resulta mucho más costosa que la prevención. La experiencia del Valle de México debe servir de lección para las demás ciudades del país. Aprenderla será, sin duda, la mejor manera de encarar, en forma oportuna y suficiente, el tremendo y amenazante desafío ambiental.

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