CIDH: la confianza perdida


cidh_la_confianza_perdida

Liébano Sáenz 

Los hechos de Iguala representan un hito en la lucha por la seguridad en México. Un suceso dramático evidenció lo que ocurre en algunas zonas del país donde el crimen organizado ha desplazado al Estado, se ha apropiado de autoridades municipales, hace funcionales a sus ilícitos intereses a las policías municipales, mientras las instancias locales quedan anuladas o sometidas a la red de intereses políticos, económicos y electorales. Además, en esa zona de Guerrero hay presencia de movimientos políticos radicales de viejo origen, situación que ha favorecido el uso político y propagandístico de la tragedia.

La autoridad federal ha cumplido su obligación al detener a casi todos los responsables. Además de sus confesiones, hay elementos probatorios que robustecen la versión de que los normalistas fueron entregados por policías municipales de Iguala y Cocula al grupo criminal, quienes los asesinaron para luego desaparecer sus restos. Con perversidad se hizo correr la versión de que los muchachos estaban vivos en instalaciones militares y, en la comprensible esperanza de recuperarlos vivos, los padres de las víctimas demandaron que se abrieran la puerta de cuarteles para que sus representantes pudieran inspeccionarlos.

La presencia de la CIDH se explica por la necesidad de construir confianza, especialmente ante los padres de las víctimas y sus representantes legales. Para ello se creó, con financiamiento del gobierno, una comisión de expertos internacionales que se convirtió en una suerte de coadyuvante en las indagatorias. La independencia era su fuerza moral. Sin embargo, no entendieron bien los términos de su mandato, actuaron con prejuicio y descuido, quizás esto venga de la misma CIDH, instancia que ha tenido desde hace tiempo una postura crítica no tanto a la grave situación de los derechos humanos en México, sino al desempeño de las autoridades en la materia. Uno de los problemas que eran previsibles es el efecto negativo del uso extensivo y permanente de las fuerzas militares.

Es claro que la comisión de expertos actuó con el aval de la CIDH. El problema es que su actuación dejó de ser funcional para el objetivo primario: el encuentro con la verdad. El hecho más evidente fue el dictamen que rechazaba la posibilidad de que en el basurero de Cocula hubiera ocurrido la incineración de los restos de los estudiantes. La conclusión tomó tal fuerza que se expuso como acto de fe, como resolución indiscutible. Las autoridades actuaron de la mejor manera al crear un grupo adicional de expertos internacionales, entre ellos el especialista José Torero que había sustentado la conclusión del GIEI.

También es preciso decir que buena parte del informe de los enviados de la CIDH avaló la versión de la PGR sobre lo acontecido. Lo más relevante: que los normalistas habían sido detenidos por las policías municipales y entregados al grupo criminal Guerreros Unidos. De esta forma, esclarecer lo que ocurrió en el basurero de Cocula adquirió la mayor relevancia y se volvió tema de interés de Estado, esto es, una manera de aclarar por qué no se podía dar con los restos de los estudiantes ultimados.

Los estudios del nuevo grupo de expertos concluyeron en tiempo y existía el compromiso –que se cumplió- de dar a conocer las conclusiones el día último de marzo. Para desgracia de la CIDH las conclusiones corrigen las que con tanta vehemencia apoyó el GIEI. Sí había elementos probatorios para presumir que en el basurero de Cocula había ocurrido un incendio en el que pudieron haber desaparecido los restos de al menos 17 estudiantes y que de un estudio adicional se pudiera desprender que la pira pudo haber sido de tal magnitud para entender la suerte de los 43 estudiantes.

Frente a estas circunstancias, era de esperarse una disculpa pública de la CIDH por todos los efectos de su errónea conclusión derivada del dictamen del señor José Torero. No ocurrió así. Con inexplicable soberbia, el GIEI reclamó a las autoridades haber hecho públicos los resultados y anunció que en adelante no colaboraría con la PGR en este tema. Y todavía peor, los integrantes del grupo asumieron que era obligación de las autoridades mantener en secreto tan importante conclusión. La verdad les resultó ácida. Lo mismo que ellos habían hecho con facilidad, cuestionar la conclusión de las autoridades, ahora, cuando el estudio cuestionado fue el de ellos, entonces se volvió agravio. Lo consideraron un dictamen que descalificaba el resultado que ellos habían defendido a grado tal de considerar innecesario un tercer estudio de expertos internacionales independientes.

También tiene que ver en esto su rechazo a ser objeto de escrutinio por parte de la opinión pública. No hay campaña, ni oficial ni extraoficial, contra el GIEI; lo que existe es una prensa crítica hacia todo y hacia todos, afortunadamente. Igual que lo que ocurrió con ellos, las autoridades y sus trabajos son objeto, en mayor o menor grado del escrutinio de los medios de comunicación. Para el caso concreto, el desafío mayor es la verdad como vía para la justicia y en ese tenor se asumió que la contribución de los expertos de la CIDH era fundamental. Insisto, el dictamen erróneo del señor Torero es una falta muy grave que debió obligar a la CIDH a retirar de inmediato a los expertos, ya que en lugar de aportar elementos para esclarecer los hechos, hicieron exactamente lo contrario.

En este contexto son reveladoras las expresiones que hiciera en días pasados el representante legal de los padres, Vidulfo Rosales, del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, al reconocer que fueron las policías municipales y los sicarios de Guerreros Unidos quienes desaparecieron y asesinaron a los jóvenes estudiantes. Estas declaraciones ratifican las conclusiones de la PGR, porque una vez esclarecido este tema lo demás se refiere a la manera como desaparecieron los restos de las víctimas. Por fortuna, y a contrapelo de lo que hicieron los enviados de la CIDH, ya existe un dictamen confiable, avalado por el mismo experto que se equivocó, que sostiene que al menos 17, y posiblemente los 43 estudiantes, fueron desaparecidos en la pira del basurero de Cocula.  Resultaria recomendable que organismos internacionales cuyo origen y razón de ser es la buena fe, aceptaran el carácter falible de las acciones de todo ser humano, más cuando el propósito de su intervención era generar confianza. Esa, la CIDH la tuvo y la dejó ir.

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s