Desafiando el conformismo


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Liébano Sáenz

El liderazgo genuino depende, en buena parte, de la visión y capacidad del dirigente que busca conducir el cambio hacia mejores circunstancias para todos. La resistencia es inevitable y plantea un serio desafío por la incertidumbre que conlleva y porque cuesta  abandonar la cómoda zona de la costumbre y lo conocido. Lo cierto es que, ante una realidad dinámica, la inacción es la peor alternativa. La eficacia de un sistema está asociada a la posibilidad de participar activamente en sus procesos permanentes de adaptación.

El cambio es la constante. México ha transitado de manera más o menos exitosa hacia las nuevas exigencias. Con o sin democracia y más allá del consenso, el régimen político ha mostrado capacidad de reforma. De hecho, algunos de los problemas actuales más severos como la inseguridad y la desigualdad se derivan de la inmovilidad institucional que caracterizó buena parte del periodo comprendido entre 2000 y 2012. Por ejemplo, si la reforma energética hubiera ocurrido dos décadas antes, habríamos visto un crecimiento exponencial de los beneficios económicos debido a los elevados precios del petróleo de aquella época. En cambio, lo que ocurrió fue un severo incremento del gasto corriente y una baja inversión en infraestructura económica, social e institucional.

Los cambios institucionales han sido más correctivos que preventivos, a diferencia de lo que aconteció con la reforma política de los años 70. Con las modificaciones recientes, el país se puso al día en el sentido formal de la expresión; sin embargo, hay un rezago en la implementación y en el impacto de los cambios. Así, pese a la institucionalidad democrática moderna, no hay suficientes jugadores que suscriban y practiquen los valores y principios de la democracia; incluso, ya lo he dicho en este espacio, hay un tangible déficit de ciudadanía. La vieja práctica de desconocer el resultado adverso persiste como uno de los ejemplos más perniciosos de esa insuficiencia cívica.

Lo mismo se puede decir en materia de seguridad y rendición de cuentas por parte de los gobiernos locales. La crisis de legalidad es uno de los mayores retos para la modernización del país y esto se hace patente en las inaceptables tasas de impunidad, en el desapego generalizado a las reglas y en la convicción de muchos de que por los atajos de la ilegalidad se gana más y se arriesga menos que con la observancia de la ley. No hemos generado todavía los incentivos y sanciones que promuevan el cumplimiento con la ley.

Así, por ejemplo, estamos ante la coyuntura de una minoría de trabajadores de la educación, muchos de ellos profesores, que incumplen con la obligación legal y moral de trabajar. Líderes irresponsables los llevan a abandonar el aula a un costo muy alto. La impunidad es la premisa que permite que unos y otros incumplan su deber. La convicción de que no habrá sanción legal los hace actuar a contrapelo de sus elementales obligaciones como trabajadores de la educación. La SEP como autoridad debe sancionarlos como una consecuencia necesaria de su omisión. Ahora, frente a la amenaza de los radicales, las autoridades deben contar con el respaldo público para poder avanzar hacia una nueva realidad de todos y para todos: el cumplimiento con la ley.

Avanzar al futuro no es tarea simple ni sencilla. Por fortuna se dieron pasos significativos en muchas áreas importantes; sin embargo, se requiere ir mucho más allá de la ley para que el cambio cobre realidad y vigencia. Por mencionar un caso, próximamente se cumplirá el término para la ejecución del nuevo sistema de justicia penal pero en los hechos serán muy pocos los estados que estarán en condiciones de cumplir los términos de la reforma constitucional.

Una de las mayores urgencias tiene que ver con el fortalecimiento institucional de los municipios y de los gobiernos locales. Ni la recriminación ni el voluntarismo nos llevarán al cambio. Sí, es cierto que hay un rezago importante que se traduce en problemas serios como la venalidad, la inseguridad y la ineficacia de los gobiernos para proveer los servicios que demanda la sociedad. A esta debilidad se debe el problema de la violencia y la impunidad. El conflicto  no se resuelve desde el centro, bien con policías de excelencia o mediante la presencia de las fuerzas armadas en apoyo de autoridades civiles; se requiere una policía eficaz preventiva y de proximidad. Hay numerosas evidencias exitosas de tal empeño pero hacen falta recursos económicos y de continuidad en los procesos virtuosos de la administración pública estatal y municipal.

El Presidente Peña Nieto presentó recientemente iniciativas sobre dos temas altamente sensibles y de difícil consenso: el matrimonio de parejas del mismo sexo y la legalización de la marihuana para usos medicinales. Estas cuestiones no solo deben ser valoradas en lo sustantivo, también en lo formal. No puede ser que unas legislaciones locales mantengan un criterio y otras lo contradigan, pues no es cuestión menor el derecho de familia. No se trata de un asunto civil o individual, sino social y humano. Por ello debe haber una legislación común, de ahí la necesidad de una reforma constitucional que, para el caso concreto, garantice a las personas un derecho igualitario para contraer matrimonio, un criterio que, valga señalar, ya fue avalado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Con menos resistencia, aunque también con difícil consenso, está pendiente la legislación sobre el uso medicinal de la marihuana y la despenalización de su consumo. Se sabe bien que es la etapa inicial para abandonar el enfoque persecutorio que en las últimas décadas ha dominado la lucha contra las drogas sin mostrar virtud o eficacia; al contrario, ha generado violencia y ha favorecido que el crimen opere el circuito comercial relacionado.

El país debe continuar por la senda del cambio. Las diferencias propias de la diversidad ideológica, social y política no deben impedir este proceso sino darle curso, en forma tal que pueda convalidar lo mejor que tenemos. La transformación no debe ser fruto del desencuentro sino de una legítima aspiración de progreso.

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