La disculpa y el enojo


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Liébano Sáenz

Tanto dice del que ofrece disculpa como del que la recibe la secuela de los hechos. Es un buen precedente el perdón que pide a la sociedad el Presidente. Hay quienes dan beneplácito al hecho; también quienes no pueden escapar del ciclo emocional que el origen del enojo causó. Otros más, regatean el hecho: que tardío, que solo palabras, irrelevante y muchas otras cosas más.

De lo que se ha dicho lo más importante es el deseo de que todo esto signifique un punto de quiebre no en el deterioro de la imagen presidencial, asunto menor, sino en el reestablecer un piso de ética para el servicio público y la política. Este problema viene de tiempo atrás y es cierto que está en los hábitos, costumbres e ideas de los hombres de la política y en la sociedad misma.

La transición política, la alternancia, la desconcentración orgánica y geográfica del poder y la competencia por el voto llevó a la democratización de la corrupción. Las negociaciones con la pluralidad no siempre fueron virtuosas y el arribo de la otrora oposición al gobierno nacional, así como su empoderamiento legislativo no significó una mejoría en los estándares de probidad de los hombres del poder.

En el México de ahora la venalidad llega a todas partes y a todas las opciones con experiencia en el poder público. Tampoco el sector privado se escapa de señalamiento, ni aquí ni en ninguna parte, como consigna la realidad de muchos de los inversionistas de los Panama Papers.

Antes se creía que la corrupción era un efecto del autoritarismo; sendas y sesudas reflexiones se hicieron presente y se volvieron código en la lucha por la democracia. Por salud pública debe revisarse la tesis y debe concederse, al menos, que el déficit de ciudadanía y de integridad de empoderados y gobernados no dio el resultado esperado. México no pasa la prueba; pero también debe reconocerse, el mérito de muchas batallas ganadas y muchos avances en la materia. El cuerpo nacional está enfermo y la corrupción no es síntoma, sino causa. Debe atacarse y no es, necesariamente, la pira mediática el mejor remedio, sino el cambio institucional y el ir acreditando la probidad como una de las premisas obligadas en el servicio público. Ser honesto no es virtud ni merecedor de premio; es, simplemente, una forma de ser, a la que todos estamos obligados.

El enojo enquistado desde hace tiempo en la sociedad tiene que ver con el cinismo y la impotencia. En el imaginario colectivo, con razón o sin ella, está arraigada la idea de altos servidores públicos enriquecidos y con ofensiva ostentación. La sociedad percibe  abusos y la carencia de un andamiaje jurídico diseñado para impedir esas conductas. La exigencia social por la probidad es mayor y no admite regateo ni argumento.

Es muy significativo entonces que la disculpa presidencial tuviera lugar al presentarse el sistema anticorrupción en cuyo marco era obligada la renuncia del funcionario responsable del control interno del gobierno. Como contexto, también debe tenerse presente lo que ocurre en el partido gobernante y con su dirigente, empeñado en acreditar un nuevo sentido de responsabilidad en la política. Es la palabra y son los hechos. Lo importante es el punto de inflexión, que los servidores públicos, todos, se obliguen a un cambio que es urgente por razones que trascienden el interés de grupo, partidario o electoral. Se requiere reencontrar el sentido del deber y las autoridades tienen ahora mayores elementos para hacerlo valer, particularmente abatiendo la falta de transparencia, el conflicto de interés y la impunidad. El partido gobernante debe denunciar y reclamar por la conducta indebida de quienes se aparten de los valores que este cambio demanda. El Presidente deberá actuar y son los hechos la medida del valor de las palabras.

El sistema anticorrupción es amplio y de largo alcance, pero como todo cambio institucional, requiere de voluntad y determinación de todos. La transparencia y la rendición de cuentas son un buen principio, pero es insuficiente, se requiere de las actitudes, conductas y los valores, para así reforzar lo que inspira el cambio en las leyes y en las instituciones.

También es muy encomiable pasos como el 3 de 3, pero esto debió ser más generalizado y, especialmente, que en sus efectos no se vuelva contra quienes informan y que absuelva a quien por razones válidas o no tan válidas, opta por el secreto. La información pública requiere de madurez y de un sentido de responsabilidad por quienes la obtienen, estudian y analizan. Lo peor que puede ocurrir con avances de esa naturaleza es que termine al servicio de la mala entraña y la canallada mediática que hace uso de lo que sea para mantener clientelas.

Tener bienes no es pecado, tampoco virtud carecer de ellos, aunque sí dice mucho y bien de aquellos que han transitado por el servicio público y muestran un patrimonio consistente con sus ingresos. Sin embargo, insisto, la probidad no es prenda, sino supuesto obligado del servidor público o del político.

Es legítimo cuestionarnos si los mexicanos de ahora habremos de dejar un mejor país. Tenemos muchos desafíos enfrente, pero también tenemos muchas fortalezas. Un buen inicio es reconocer errores y expresar nuestra responsabilidad en ello. Bien por el Presidente que refiere al daño en la institución presidencial por un tema que pudo haberse evitado. Mejorar el presente y darle un horizonte al porvenir requiere un encuentro no solo con la verdad, sino con hacer lo debido aunque la respuesta de algunos no sea grata por interés o por enojo, lo mismo da. Lo que más vale es el cumplimiento del deber.

 

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