La justicia y la política


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Liébano Sáenz

La justicia y la política van de la mano. Es un tema de siempre; la justicia invariablemente acompaña al poder político. La democracia liberal la elevó a la formalidad, con lo que se eliminó la discrecionalidad del soberano en su impartición. También dio certeza al principio de la igualdad ante la ley y, para efectos de justicia penal, fijó obligatoriedad a los principios del debido proceso. Sin embargo, a pesar de los avances, la justicia sigue teniendo un tanto de aspiracional y no deja de entreverarse de una o de otra forma con la política en modos y en métodos que pensábamos haber dejado atrás.

En nuestro país el tema de la justicia se enfrenta con el de la impunidad. En el fondo es la incapacidad del sistema en su conjunto, incluyendo al mismo ciudadano, para que la ley se haga valer y ofrezca el resultado útil final que es el de la sanción a quien desatienda su mandato. La ineficacia de la justicia, por decirlo de alguna forma, está lastimando en su esencia al cuerpo nacional. El sentimiento de agravio y de indefensión crece, y no solo tiene referencias negativas hacia el gobernante o al aparato de justicia, también afecta los términos de la convivencia.

Es útil que la sociedad se exprese de manera orgánica para abatir la impunidad. Pero puede resultar contraproducente cuando estas iniciativas derivan en una forma discrecional de cobrar cuentas, o de acusar con frivolidad. Lo que realmente resulta útil es aportar una crítica al sistema en su conjunto y, desde luego, acompañar propuestas que incidan en su mejora.

El Estado Mexicano tiene que convenir que abatir la impunidad es prioridad y que ésta debiera ser una cruzada de todos, en muchos frentes. Se han logrado avances sustantivos, como es el sistema de transparencia; también en fechas recientes se aprobó un nuevo régimen legal orientado a combatir la corrupción y someter a reglas de control el gasto público, especialmente el de los organismos autónomos, gobiernos locales y por extensión a toda entidad, pública o privada que haga uso de recursos públicos federales. Pero es indudable que hay una tarea pendiente.

Es tiempo que la política haga su parte para dar espacio a la justicia. Insisto, no se trata de lavar cara frente al repudio ciudadano, sino de hacer valer la ley. La justicia que importa es la pública, pero no deja de tener valor la autorregulación, así sean los medios de comunicación, los órganos legislativos, las empresas y los partidos políticos. El PRI tiene frente a sí casos a resolver. El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín ha ofrecido claridad sobre el posible juicio interno a connotados miembros del tricolor y particularmente al del gobernador de Veracruz: actuará el partido a semejanza del juicio político constitucional.

El caso de la justicia partidaria no es sencillo. Los partidos han sido omisos en muchas ocasiones. Casi siempre las dirigencias de los partidos ceden todo el espacio a la justicia formal y frente a los fallos judiciales, resuelven el status del implicado. Si hay delito o no, no importa; si les conviene políticamente, aceptan la culpa y si no, recurren al fácil expediente del complot. Las dificultades son dos: por una parte, los partidos no cuentan con los medios necesarios para poder impartir justicia y por otra, el prejuicio público de que la acusación es condena. Los partidos normalmente no entran a estos temas porque el proceso en sí mismo ya es una derrota para quien va a ser juzgado, acompañado del desgaste en la imagen pública del propio partido, especialmente si el acusado fue un destacado funcionario de la organización política.

La política también se ha aprovechado del malestar público por la percepción o realidad de la corrupción. Un candidato que articula y da cauce a esta indignación, puede alterar las premisas tradicionales sobre las que se dirime la disputa por el poder. En el pasado reciente los casos han sido recurrentes en la fase electoral, aunque la realidad es que resulta más fácil prometer que cumplir. El populismo electoral casi siempre lleva al fracaso. Además de que se impone una fuerte presión a las instancias de justicia a partir de las necesidades políticas de los acusadores, sean autoridades, particulares u organizaciones.

La buena justicia demanda de firmeza y también apego a la formalidad. Los linchamientos mediáticos han resultado en no pocos casos en sendos fracasos y no solo por la dificultad de transitar hacia la formalidad del proceso, sino por la fragilidad de la acusación, la falta de pruebas y en algunos casos su falsedad. El tribunal mediático, indispensable en una sociedad abierta, debe acompañarse de la seriedad de la investigación y el rigor de las pruebas. Ganar espacio o credibilidad a costa de particulares, pervierte a la justicia y tiene efectos perniciosos hacia el régimen institucional.

Las autoridades no pueden mantenerse pasivas frente a los muchos casos en los que se advierte un problema de justicia. Hay actuaciones que deben ser de oficio; pero también es indispensable lo preventivo y en su caso actuar con claridad y firmeza bajo los principios del debido proceso y la igualdad frente a la ley.

Por la impunidad de por medio, la justicia está y estará en el centro de la disputa política. El problema es mucho más amplio y serio del que presenta el debate político actual. No solo es la venalidad del funcionario o representante popular, también está, insisto, el sistema de justicia formal y no formal, especialmente la frágil cultura de legalidad en el conjunto del cuerpo social. Lo menos que se requiere es darle seriedad al tema y trascender la añeja actitud de acusar sin probar y generalizar a partir de lo particular. La demanda de justicia es demasiado seria como para que la política la tome a la ligera.

 

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