La doble moral


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Liébano Sáenz

En una democracia, la calidad del gobierno depende en gran parte de la calidad de la crítica y, más que nada, de la oposición. En los tiempos de dominio político del PRI, el desgaste se centraba en el gobierno y en su partido. La renovación sexenal operaba como una forma de amortiguamiento de la crítica pues generaba también una renovación de expectativas, que se fue agotando cuando los problemas de uno y de otro gobierno continuaban más allá de sus periodos, particularmente como resultado de las dificultades por el desequilibrio macroeconómico. Esa inestabilidad se fue heredando de sexenio a sexenio, a la par que la oposición empezó a ganar terreno. A medida que fue mayor la afectación por la economía inestable, mayores fueron las posibilidades electorales de la oposición.

En aquél entorno, la oposición señalaba que el origen de todos los males venía del dominio de un solo partido; la alternancia en todos los ámbitos, desde ese simplista criterio, significaría la solución de fondo y haría realidad el funcionamiento virtuoso del régimen democrático. Habría, en automático, un gobierno acotado por la sociedad y fincado en el equilibrio de poderes, el estado de derecho y un régimen de pesos y contrapesos, de acuerdo al arreglo del modelo clásico de la democracia liberal.

La alternancia ha cobrado realidad y es recurrente, y la desconcentración de poder tiene expresiones institucionales a través de la pluralidad en gobiernos locales y municipales, así como el surgimiento de organismos autónomos del estado, prácticamente en todos los ámbitos de la administración y gobierno. La división de poderes igualmente es expresión de la vida institucional ya con varias décadas de funcionamiento: la primera decisión de la Presidencia de Ernesto Zedillo fue la transformación a fondo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al dotarle autonomía e independencia del gobierno, y a partir de 1997 el país presenta un gobierno dividido, esto es, el partido gobernante no tiene mayoría en el Congreso.

En materia de democracia hemos avanzado, pero no parece que tuvimos capacidad de resolver los vicios del autoritarismo, de hecho, muchos problemas persisten. Lo que caracteriza a los nuevos tiempos es un desgaste de la política en su conjunto. Esto es, la pluralidad ha ganado terreno, pero sus efectos han sido el descrédito del sistema. Desde el 2000, cuando se dio la primera alternancia en la Presidencia de la República, existe un desencanto como tendencia permanente al alza, resultado de las expectativas frustradas de la población. PRI, PAN y PRD han accedido al gobierno. Sin embargo, las tres fuerzas padecen un desprestigio creciente y no ha sido gratis. Esto ha impulsado las candidaturas independientes; también ha generado condiciones para que más recientemente, el partido de López Obrador gane terreno en elecciones.

El desgaste de la política no solo es un efecto natural de la retórica de campaña de la oposición para ganar el poder, el problema mayor es la incongruencia del opositor una vez que está a cargo, sobre todo cuando lo que se hace contradice lo fundamental de la expectativa ciudadana una vez que ya se está en posición de poder. Siempre el opositor, por razón de su tarea, tendrá un rasero más riguroso para ser juzgado en términos de honestidad, eficacia y austeridad.

Recientemente los casos han sido recurrentes: la dirigente del PRD, Alejandra Barrales y su adquisición de un departamento en Miami no reportado en sus declaraciones patrimoniales, asunto que se suma a otros señalamientos de enriquecimiento en los años pasados. El gobernador del PAN, Javier Corral con una conducta que para muchos no se corresponde con la austeridad que esperaríamos de él, precisamente por la intransigencia de su crítica al dispendio y frivolidad de los gobernantes. Y el caso del gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez, quien criticaba el uso de aviones privados en las actividades de su antecesor, pero que ha sido señalado de usarlos ya como gobernador en funciones.

La realidad es que para muchos políticos, las cosas malas de los demás, se vuelven buenas cuando las hago yo, es decir, la doble moral se ha instalado en la política. Lo que se predica no es lo que se hace, y esto lleva al terreno de la forma de vida y de la situación patrimonial de los políticos y altos servidores públicos que con mucha frecuencia resultan inconsistentes con sus ingresos. La austeridad esperada no debe significar voto de pobreza, pero sí abandonar prácticas que ofenden y lastiman a una ciudadanía cada vez más exigente de sus gobernantes y representantes.

La doble moral lleva a otro asunto no menos preocupante y que ha crecido en el pasado reciente: la pretensión de exoneración, resultado de la pertenencia a un proyecto político determinado. Las personas son buenas o malas por suscribir o no una adhesión particular, como ha sucedido con las epifanías que ahora ofrece Morena. Los pecados y faltas pertenecen a las personas, no a las instituciones; éstas no inculpan, pero cuidado, tampoco absuelven. Luchar por lo que se cree es propio de la política y hacerlo con vehemencia es lo que se espera. No así la absolución por vulgar oportunismo.

Es preocupante el desgaste del conjunto de la política. La alternancia y el régimen democrático cobran legitimidad, al empoderar a la sociedad a través del voto para así renovar al gobierno bajo la expectativa de que habrá de significar una mejoría en su calidad y desempeño. El efecto de que esto no ocurra así no sólo lleva a la alternancia, sino como está ocurriendo ahora: suscribir a partir de la indignación, proyectos inviables o que de antemano se sabe que no funcionarán si ganan el poder.

El desencanto con la democracia es, injustamente, también el signo de estos tiempos. El problema no es del sistema ni del modelo, sino de los jugadores y del régimen de sanciones e incentivos que mueven a los actores políticos y a quienes encabezan a las instituciones. Sí, es necesario retomar valores básicos del servicio público como es la austeridad y la mesura en la vida privada y pública. Pero más que eso, para evitar la simulación y la farsa, es preciso el imperio de la ley, la transparencia y una auténtica rendición de cuentas. Las reglas cuentan, pero sobre todo, importan las actitudes y los valores de las personas.

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