El Ejército y la seguridad


el_ejercito_y_la_seguridadLiébano Sáenz

La presencia del ejército en acciones de seguridad pública ha sido la respuesta institucional a la insuficiencia de las policías bajo mando civil. El de la inseguridad es un problema añejo, que se ha agravado frente a la incapacidad del sistema para hacer frente a la delincuencia común y a la delincuencia organizada, especialmente la relacionada con el tráfico de drogas. Los eventos recientes en Puebla, en la que perecieron soldados y delincuentes, así como la revelación en video de la ejecución de uno de los presuntos transgresores de la ley a manos de un militar, abre espacio a la polémica sobre la actuación de las fuerzas armadas en tareas que debieran realizar las policías.

Es lamentable generalizar el juicio al ejército por un incidente que resulta a la vez lamentable e injustificable. Pero tampoco puede eludirse el riesgo implícito cuando personal adiestrado para realizar tareas asociadas a la milicia se le utiliza para tareas de carácter policíaco. De inicio debe quedar claro que el problema no es del Ejército o de la Marina, sino del sistema en su incapacidad para contar con policías confiables, profesionales y suficientes para hacer las tareas de vigilancia, prevención y persecución de los delitos.

La Secretaría de la Defensa Nacional, desde el principio, ha dejado en claro que se realizarán las investigaciones del caso y que el responsable enfrentará a la justicia por el incumplimiento del protocolo y los procedimientos de actuación. Lo realizado por el soldado fue por su cuenta, no atiende a una instrucción superior o a un patrón de conducta promovido o tolerado. Sin embargo, evidentemente que sí es un caso para entender un poco el entorno de los eventos y la presión a la que están sujetos los soldados en el momento de ese tipo de operaciones en las que ellos mismos o sus compañeros pueden resultar heridos o muertos.

Para el caso concreto de Puebla, el hecho es una evolución de criminalidad organizada que revela la debilidad del Estado para prever, actuar y sancionar a delincuentes que en el caso que ocupa, han hecho del robo de combustible un negocio de proporciones mayores. Es un género de criminalidad que fue creciendo en los últimos 15 años y que se debe al incentivo de grandes utilidades y bajos riesgos en toda la cadena criminal asociada: extracción de combustible, su transporte, comercialización y lavado de los cuantiosos recursos financieros generados en esta actividad.

Eventos como éste, donde hay muertos de lado de quienes han sido enviados a contener a la delincuencia y de los delincuentes, resultan de gran impacto social y no deben quedarse en la recriminación ni en el escarnio. Deben servir para elevar la voz para resolver temas de urgente atención: por una parte, la necesidad de que el Congreso defina un marco legal que ofrezca claridad sobre las responsabilidades y obligaciones de personal militar desplegado en acciones de seguridad y, por la otra, emprender de una vez por todas el nuevo modelo policial que haga que el Ejército intervenga en materia de seguridad pública solo temporal y excepcionalmente.

El otro aspecto sobre el que es preciso actuar es el relativo a la estrategia global para combatir el tráfico ilegal de drogas. El mundo se ha ido transformando. No es solo un tema de mayor tolerancia y permisividad sobre el consumo y tráfico de drogas, también son los magros resultados de la perspectiva dominante ya por casi medio siglo y que además ha generado efectos colaterales perniciosos en extremo como es la violencia y la criminalidad asociada. México ha sido uno de los países más afectados por el esquema vigente de combate a las drogas. Tiene toda la fuerza moral y más que eso, las razones para demandar un cambio en la perspectiva dominante. La despenalización del consumo y una fórmula responsable y confiable de comercio legalizado de producción y comercio de drogas debe estar en el centro de la discusión. Finalmente, el tema es esencialmente de salud pública, si hay inteligencia y visión, hacia allá podría remitirse el tema.

Contar con policías confiables es un proceso de muy largo aliento. A finales de siglo se creó el sistema nacional de seguridad pública y las bases para la indispensable coordinación entre los órdenes de gobierno. Estaríamos en otras condiciones si de ese entonces a la fecha hubiera habido continuidad, asignación creciente de recursos y un esquema confiable de registro de criminales y certificación de personal vinculado a la seguridad pública.

La conformación de una policía nacional ha sido un objetivo que también ha quedado corto. Nuevamente, los recursos financieros han sido insuficientes y por lo mismo, acciones muy encomiables y prometedoras como la Gendarmería Nacional, no permiten dar respuesta a la altura de las circunstancias y, especialmente, que permitan reducir y, de ser posible, prescindir de la asistencia de las fuerzas armadas en materia de seguridad.

Aun así, la solución no está en el despliegue de fuerzas federales civiles o militares, la solución apunta más a las policías estatales y municipales, así como la llamada policía de acercamiento. Allí es donde tienen que aplicarse los recursos institucionales en mayor proporción. La cuestión es cómo asegurar que lo aprobado por el Congreso realmente llegue a su destino. Como tal el Sistema Nacional de Seguridad debe ampliar su capacidad precisamente a construir una fórmula concertada que permita definir necesidades urgentes y también mecanismos que supervisen la correcta aplicación de recursos.

Los hechos lamentables de Puebla deben servir para renovar la voluntad institucional y social para fortalecer la capacidad de enfrentar al crimen organizado. La acción de justicia penal debe ser firme para sancionar con rigor no sólo cualquier exceso en la persecución del delito, sino también para actuar contra toda la cadena delictiva relacionada con el robo de combustible.

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