La tentación del pasado


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Liébano Sáenz

El 2018 será un año de definición fundacional. Gane o pierda el PRI, en muchos sentidos terminarán un régimen y un sistema de gobierno. Se ha tocado fondo y muchas de las reformas institucionales significan que las cosas no serán como antes. La discrecionalidad queda acotada. La autonomía de órganos de fiscalización y procuración de justicia también habrán de imponer una nueva dinámica en el ejercicio del gobierno. Para unos, será muy importante el juicio al pasado; para los más, tendrá un mayor peso que el ejercicio del poder sea un nuevo punto de partida para una diferente y mejor forma de gobierno. En el horizonte, existen bases muy precarias pero importantes para la construcción de un gobierno de coalición.

Lo más endeble frente a esa opción, se presenta porque lo que dispone la Constitución en materia de gobierno de coalición no ofrece claridad y es preciso definirlo. Casi todo habría de construirse en función de los acuerdos. La referencia legal de mayoría legislativa no aclara si es el Congreso o alguna de las Cámaras. En mi opinión, la fundamental es la Cámara de Diputados, porque allí se define el presupuesto, el instrumento más relevante del ejercicio del gobierno y de la operación de la administración pública. Es posible que la mayoría en la Cámara de Diputados coincida con la del Senado, pero es menos probable que la del Senado se reproduzca en la de la colegisladora.

Desde ahora, se perfila un sentido fundamental de la disputa por el poder en 2018. Las opciones son regresar al pasado —postura inequívoca de Andrés Manuel López Obrador, con la oferta de revertir las reformas construidas por la pluralidad, si gana— o continuar con el proceso reformador —posición que mantendrían el PRI o el PAN y la coalición que, en caso de ganar, cualquiera de estos dos conforme. Hay quien piensa que para una contrarreforma, López Obrador requeriría obtener, al menos, mayoría absoluta en ambas Cámaras y aun así presenta dificultades por el voto legislativo calificado para una reforma constitucional.

Considero que esta idea es válida desde el punto de vista estrictamente formal, pero políticamente no se sostiene. Esto es, la aplicación de las reformas requiere de decisión y voluntad del gobierno. Una postura laxa u omisa hace que los cambios pierdan impulso y por lo mismo afecten su aplicación. Así, por ejemplo, si se debilita el sistema de evaluación de los maestros, como lo demanda la CNTE, grupo aliado de Morena, colapsaría en sus fundamentos la reforma educativa en uno de sus pilares esenciales. Lo mismo se puede decir en la reforma energética o de telecomunicaciones. Una autoridad no comprometida con el sentido de las reformas hace que éstas pierdan fuerza e impulso.

Las palabras del seguro candidato presidencial de Morena deben tomarse en serio. No es el caso de un político que prometa algo sólo para ganar. Su postura se corresponde a sus convicciones elementales y, por lo mismo, es de esperarse que haga lo que esté a su alcance para honrar su promesa si gana la Presidencia. Además, el regreso al pasado es una tentación que corre a lo largo del cuerpo social. No son pocos quienes asumen con nostalgia que las cosas antes eran mucho mejor; incluso hay quien cree en una autoridad paternal e intervencionista en todos los temas de la vida pública, no solo en la economía.

Hay una suerte de providencialismo en la cultura política del mexicano. Esto descansa en las capas más profundas del alma nacional. Como ya lo he dicho en ocasiones anteriores, el mundo de las creencias, diría Octavio Paz, es más poderoso que el de las ideas. En la espera de un salvador subyace la propensión de la cultura política del mexicano por el caudillismo. En otras palabras, la tentación del regreso al pasado no sólo alude a políticas públicas, sino a la forma del ejercicio del poder. Desde luego que esto va a contrapelo de todos los cambios en materia política y de erigirse un modelo caudillista: se anticipa un conflicto institucional a partir del desencuentro de esa postura con la modernidad impuesta por el cambio democrático.

 Por ello es muy importante que se dé una discusión seria sobre el futuro del país y el impacto de las propuestas en la mesa. Nada debe tomarse a la ligera. El problema está en el ambiente de agravio y enojo de la población que hace que temas como el de la corrupción desdibuje el significado de la competencia. Por cierto, abatir la corrupción necesariamente pasa por acabar con la impunidad. Hacerlo no solo es materia de voluntad política, también es indispensable la operación de las instituciones de justicia. La discrecionalidad va muy de la mano con la impunidad. Lo importante es la fuerza de las instituciones de justicia, no la voluntad generosa o pendenciera de quien encabece el Ejecutivo federal.

También es necesario que la sociedad mexicana, y especialmente los medios de comunicación, tengan un papel relevante en el escrutinio de quienes disputan el poder: a todos, los que gobiernan y los que pretenden gobernar. No puede haber aval a partir de biografías o de intereses. Para una buena decisión en 2018, gane quien gane, es necesario que la elección esté precedida por un riguroso análisis, crítica y debate para que la democracia haga valer lo mejor de sí misma al momento de empoderar al ciudadano con el voto.

 Debatir va en sentido contrario de la cultura política mexicana. Así que sería un exceso decir que la sociedad o los políticos han interiorizado los valores propios de la democracia como es el ejercicio responsable de la libertad y, por lo mismo, una capacidad de deliberación a manera de que unos y otros expongan públicamente las razones que fundan sus proyectos. Finalmente, es muy probable que el resultado de la elección sea un poder dividido y un Ejecutivo con menos de 40% de los votos. Por ello es obligado pensar que el futuro llevará al gobierno de coalición. Prepararnos para esa hipótesis debe ser una tarea inaplazable y de todos.

 

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