Segunda vuelta


segunda_vuelta_2017

Liébano Sáenz

A partir de la reforma política de los 70’s, México ha experimentado un largo proceso de transformación de sus instituciones representativas y electorales. El régimen presidencial no ha cambiado, aunque sí lo ha hecho la manera de integrar a los órganos representativos como son las Cámaras, los Congresos locales y los ayuntamientos. También la Ciudad de México se ha transformado. De autoridades designadas por el Ejecutivo federal, herencia de la colonización española, pasamos a la democratización plena. Las instituciones han cambiado porque el país se ha transformado. Han sido un sinnúmero de reformas, algunas, en realidad muy pocas, anticipando lo que viene, otras exhibiendo las dificultades que tenemos para adaptarnos a la exigencia que impone la realidad.

En términos generales, aunque controvertidos, los cambios en la Constitución han sido eficaces. Controvertidos, pues existe la idea de que los sistemas políticos deben tener una relativa estabilidad en cuanto a sus reglas; también es polémico el caso de incluir en la Constitución normas que debieran estar en la ley ordinaria, resultado de la pretensión de los partidos de fijar sus logros, ya que la reforma a la Constitución requiere de mayoría calificada.

De factura reciente han sido las candidaturas independientes, y también la federalización de la organización de las elecciones, bajo un esquema ambiguo en el que el órgano central se reserva ciertas facultades y los institutos electorales locales la organización de los comicios. La fiscalización se hace a nivel central y eso que debe ser el eje fundamental de la confianza en torno a las campañas, se vuelve un laberinto de opacidad y dificultades de cumplimiento, empezando por el detalle que obliga a todos los candidatos y partidos a una complejidad contable sin paralelo en el mundo. A pesar de eso, o quizá mas marcado por las disposiciones de nuevo cupo, el financiamiento subrepticio o ilegal continúa siendo uno de los problemas más graves del sistema electoral.

En esta situación general que a ratos parece estar construida para abonar a la desconfianza, un cambio de relevancia es que el próximo presidente podrá construir un gobierno de coalición. La norma es sumamente general, pero es el inicio de la parlamentarización del régimen presidencial, puesto que la figura como tal alude a la construcción de mayoría legislativa. Por lo pronto, para la funcionalidad de la coalición serán los acuerdos los que llenen un vacío que en estricto sentido corresponde definir a la Constitución y a las leyes.

Dos fuerzas han definido el cambio institucional; la primera ha sido la inercia hacia la pluralidad en el sistema de partidos. En efecto, se ha transitado de un régimen de partido dominante a otro donde son muchos los que compiten en condiciones tales que el voto mayoritario puede resolverse con cifras cercanas a la tercera parte de los sufragios, como ocurrió en los comicios recientes en el Estado de México y Coahuila, a pesar de que los ganadores representaban coaliciones de más de tres partidos.

Otra inercia es que la reforma tiene lugar bajo el interés de quienes tienen que aprobarla. Esto es, sus alcances y contenido resultan del cálculo –no siempre acertado- de los partidos sobre sus propios intereses. Aunque los ciudadanos se han beneficiado y la democracia se ha fortalecido, los cambios no siempre han tenido un efecto virtuoso; la desconfianza y la partidocracia han afectado las libertades y el gasto electoral es irracional e ineficaz el régimen de fiscalización.

Ahora toca el debate sobre la segunda vuelta. Tengo la impresión de que el cambio será aprobado no para esta ocasión, sino para el futuro. El PRI ha cambiado de postura, precisamente por el avance de la pluralidad. Quienes rechazan el cambio son los que apoyan a López Obrador, bajo la idea de que es difícil que él ganara la segunda vuelta, aunque todos dan por hecho que sí sería uno de los finalistas. También hay quien está promoviendo la segunda vuelta para impedir el triunfo del tabasqueño en la elección presidencial.

La realidad es que deben diferenciarse tres planos de la discusión. El electoral, esto es, cómo traducir el voto en cargos; el de gobernabilidad y que se refiere a que el gobierno actúe con eficacia; y el parlamentario, cómo constituir mayorías estables.

Las coaliciones que se conciben en la ley son de carácter electoral, a pesar de que la Constitución ya prevé el caso de un gobierno de coalición. Lo que alude la Constitución es al acuerdo después de la elección para lograr la gobernabilidad con referencia a la mayoría legislativa. La segunda vuelta en la elección presidencial es una respuesta parcial y quizás contraproducente al objetivo de gobernabilidad.

Esto ocurre porque la segunda vuelta propicia la suma de los partidos perdedores sobre uno de los que llega a la final. Esto tiene un sentido de coalición, pero sigue siendo electoral, no política porque el acuerdo es para ganar la elección no para gobernar. Así, por ejemplo, los partidos que alcanzan mayoría legislativa pueden acordar postular a un candidato para la segunda vuelta, pero no necesariamente significa que vayan a ganar, de manera tal que el candidato ganador tendría que gobernar con una mayoría legislativa en contra.

Otra de las particularidades de la segunda vuelta es que puede ganar un candidato con una presencia muy baja en el Congreso, situación que explica diversas crisis constitucionales en regímenes presidenciales en los que un candidato con exigua fuerza legislativa gana en la segunda vuelta. No es un tema menor, precisamente porque la legitimidad que resuelve la segunda vuelta no aporta a la gobernabilidad del sistema presidencial, condicionado por la división de poderes y una mayoría legislativa que puede ser adversa.

El régimen presidencial muestra niveles de agotamiento por la realidad partidaria del país. La coalición para gobernar es un principio de solución, pero requiere un andamiaje institucional que no existe. Por otra parte, el régimen parlamentario ofrece muchas respuestas para un entorno de pluralidad partidaria y la construcción de gobierno. El problema no está en este sistema de gobierno, sino en que éste supone un sistema de partidos sólido y prácticas políticas que hagan del parlamento el espacio de responsabilidad para la construcción de autoridad. Por lo pronto 2018 será el inicio de un nuevo modelo de gobierno que necesariamente tendrá que ser perfilado sobre la marcha.

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