El presupuesto


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Liébano Sáenz

El presupuesto es el instrumento fundamental del gobierno. Es la más acabada definición de lo posible, frente al amplio espectro de lo deseable. El país aprendió a la mala, con un elevado costo social y económico, que no se puede gastar más de lo que se ingresa. Una definición aritmética que, en los hechos, ha sido la medida para evaluar la responsabilidad política de los gobiernos nacionales.

Alcanzar tasas de crecimiento a costa del déficit fiscal o de la deuda, es una irresponsabilidad que toca pagar, siempre, a las generaciones futuras. En buena parte, el apremio que padecen las finanzas públicas es por la deuda heredada explícita (la documentada y acreditada como tal) e implícita (los pasivos laborales, pensiones, adeudos a proveedores, etc.), incrementada significativamente desde el inicio del siglo a pesar del mayor incremento en los ingresos por los elevados precios del petróleo.

Todo gobierno que inicia enfrenta el golpe que significa identificar el estrecho espacio presupuestal para cumplir los compromisos y el proyecto dibujado en el periodo previo al asumir responsabilidad. Más que un problema de formación de quien gobierna es uno de información de quienes se van. Y es que, por una razón u otra, encomiable o irresponsable, es hasta el momento de entregar el cargo cuando se reporta la realidad de las finanzas públicas.

Todo presidente pretende hacer realidad un cambio. En el caso de alternancia el acento es mayor. Sin embargo, la inercia de la situación económica y financiera implica que prevalezca más la continuidad que la ruptura. Cuando el cambio conlleva uno de régimen, no sólo por el contenido de las políticas públicas, sino por los nuevos equilibrios y mapa del poder, la situación se vuelve más compleja e incierta, porque el mandato democrático y la configuración favorable de los poderes invita de forma natural a un giro mayor en la política económica.

El gobierno actual es de contrastes en materia presupuestal. Por una parte, ha introducido significativas modificaciones al gasto, por la otra, ha asumido una estricta disciplina fiscal sin precedente, lo que le ha permitido mantener la estabilidad macroeconómica, una de las condicionantes de gobierno responsable aprendidas del pasado a sangre, sudor y lágrimas.

El cuidado en el gasto público es un rasgo muy encomiable de la actual administración. Sin embargo, también ha impactado la reingeniería del presupuesto. En el tiempo se acumularon dispendio, descuido y corrupción. A lo largo de los últimos 18 años tuvieron un significativo incremento las remuneraciones formales e informales de los altos servidores públicos. Los estados y los municipios, casi todos, continuaron dependientes de las participaciones federales. PEMEX y la CFE incrementaron de manera significativa su deuda y el régimen de pensiones de todo el sector público, incluyendo el de las entidades, impone un severo problema que solo puede resolverse con austeridad, como se ha hecho, y con un aumento relevante en la recaudación, lo que no ha ocurrido.

El problema del actual presupuesto, el primero del nuevo régimen, ha resultado problemático en extremo por la conciliación del ingreso y gasto a partir del ahorro para un gobierno que en política social y en algunas inversiones de infraestructura plantea exigencias de gasto importantes. Reasignar partidas es un proceso difícil en extremo que, además, demanda cuidado para no afectar la calidad y continuidad de procesos y servicios del gobierno. Ahorrar sin método es contraproducente, sobre todo, si lo que prevalece como motor de dichos ahorros es el prejuicio de que todo lo de antes estaba mal o era dominado por la corrupción.

Más temprano que tarde, el gobierno deberá abordar el tema de los ingresos. Una reforma fiscal es indispensable. Por ejemplo, hay amplios sectores que se privilegian de la informalidad. Con ello la extorsión cobra fuerza y también la corrupción, esto genera injusticia respecto a las empresas formales e inseguridad a las informales, así como una severa distorsión financiera que afecta a los ingresos públicos. De antemano debe entenderse que fortalecer los ingresos lleva a la inconformidad, precisamente para eso sirve la popularidad y fortaleza de un gobierno, para introducir los cambios que de otra manera no pueden hacerse.

En este escenario, los sectores productivos deben hacer su parte; por ahora mantienen una postura ambigua respecto al gobierno. De los recurrentes y necesarios encuentros, los dichos no se convalidan con los hechos, ni de un lado ni del otro. Mala señal, pues lo fundamental para atender las necesidades nacionales es el crecimiento y desarrollo económicos. El país enfrenta muchos retos; hay un entorno internacional volátil y complejo. El programa de infraestructura es importante, pero mucho más resultará si el gobierno logra que los inversionistas apuesten por México.  De esta forma el gasto tendrá solvencia y mayor efectividad, precisamente porque habría una economía en crecimiento.

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