Liébano Sáenz
La aspiración por la equidad llevada a niveles extremos, o utilizada para alterar los términos de la contienda en beneficio propio, como aconteció con la contrarreforma de 2007, ha provocado un daño mayor que el que se pretendía resolver. Las libertades han sido sacrificadas y no se han logrado elecciones más equitativas. Las reglas del juego favorecen al prospecto de candidato más conocido. Un ciudadano o político que aspire a un cargo de elección y que no haya incursionado en los primeros planos públicos, difícilmente podrá ser competitivo. También influye el régimen de asignación de tiempos que toma como referencia la elección anterior. Así, el partido con mejores resultados en la elección de diputados precedente, será el que tendrá mayores prerrogativas.
Algo semejante ocurre en materia de gasto electoral; las reglas fueron modificadas y se prohibió el acceso ciudadano a la publicidad política. En su lugar, se optó por un régimen de publicidad de partidos y candidatos que presentan promocionales con pautajes próximos a la saturación. Se nos dijo que con esta modalidad de acceso gratuito de partidos a la radio y Tv, disminuiría el gasto electoral; pero, lejos de ocurrir así, los recursos financieros para las elecciones son más altos respecto del pasado. Aún así, los dineros destinados al financiamiento de las campañas, aunque cuantiosos, no siempre llegan a los candidatos, con todos los riesgos que eso implica. El financiamiento privado en sus diversas y peligrosas modalidades, subyace.
Ahora, el Tribunal Electoral y el IFE soportan la carga y la recriminación por la aplicación de las normas aprobadas por diputados y senadores de la pasada legislatura, casi por unanimidad. Si la voluntad de reforma que ahora se presume y que se esgrime como argumento para convalidar una aspiración política por parte de los mismos participantes en el proceso de contrarreforma en 2007, fuera puesta en tela de juicio, quedaría ampliamente reprobada. Más aún, justicia poética, los coordinadores de las tres principales fracciones del Senado tienen que navegar a contracorriente hacia sus aspiraciones actuales debido a las normas de su propia autoría.
La bondad de una ley no se mide por la retórica de quienes la promueven, ni siquiera por sus intenciones, sino con la vara de los resultados. El cambio constitucional de 2007 representa un retroceso en muchos aspectos, entre otras razones, por la restricción a las libertades y la perversión de la comunicación política en tiempo de campañas. Las elecciones locales posteriores al cambio legal y las federales intermedias de 2009, han dejado sobrada evidencia de la necesidad de una reforma correctiva. Nada en tal sentido ocurrió. El Senado tenía la obligación moral de procesar un cambio para resolver las deficiencias de la reforma que promovió, principalmente porque lo hizo en medio de la reserva y la oposición de muchos.
Es lamentable el criterio judicial que sustenta la prohibición de debates entre aspirantes, como también lo es la restricción del proselitismo que pudieran hacer los prospectos de candidatos, especialmente aquellos que no tienen un cargo en la administración o que encabezan órganos de autoridad. Esta situación conduce a la simulación, a una forma de proselitismo vergonzante o encubierta que en nada dignifica a la política. La proliferación de publicidad con motivo de los informes de legisladores es una de sus más penosas expresiones. En una democracia, los políticos o los ciudadanos tienen derecho al proselitismo; sin embargo, aquí en México, no puede ejercerse plenamente desde el cambio legal de 2007.
Un error en la manera como los legisladores han abordado el tema de la publicidad política es asumir que todo tiene como destino la disputa electoral; pero hay que entender que la política va más allá de los partidos y de las elecciones. Los ciudadanos o los políticos en ejercicio de sus libertades no deben tener vedado el derecho de acceder a la radio y Tv para impulsar causas, definir posiciones o rechazar lo que consideren conveniente. Éste es un derecho fundamental en una sociedad libre y abierta.
Los problemas de regulación se pueden resolver al definir con claridad, en la ley, los principios y los criterios que deben salvaguardarse. Es absurdo que los aspirantes a candidatos no puedan siquiera tener encuentros entre ellos, siendo el debate factor fundamental en la política. El legislador ha optado por un régimen abusivo de publicidad, a costa de los tiempos del Estado y en forma de promocionales que poco contribuyen a una cultura democrática, especialmente cuando se proscribe o se limita la libertad de expresión, o el acceso a los principales instrumentos de comunicación social como es la radio y la Tv.
La definición de criterios relativos a la equidad en la contienda y su aplicación rigurosa, conciliada con las libertades políticas, es el medio idóneo para lograr mejores elecciones. Asimismo, estimo necesario que la autoridad electoral cuente con tres órganos independientes que atiendan tres funciones que deben ejercerse de manera autónoma: la organización de las elecciones, que incluye la comunicación política; la fiscalización de los ingresos y egresos partidarios, y el gasto de campañas; y la imposición de sanciones.
En este periodo, el país es testigo de aspirantes que ven complicado el ejercicio de sus derechos políticos por el temor a la sanción derivada de los actos anticipados de campaña. Los efectos se traducen en el fraude a la ley mediante campañas encubiertas y en una relación inconveniente hacia los medios de comunicación. No hay posibilidad, al menos para estos comicios, de un cambio legal que modifique esta situación.
Este miércoles, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados tuvo el acierto de procesar un cambio en diversos temas de la agenda política electoral. Sin embargo, hay un pendiente más elemental y más inmediato, que tiene que ver con un régimen de comunicación política entre partidos, aspirantes y candidatos, y con la transformación que el IFE requiere para recuperar su condición de autoridad autónoma, independiente de los partidos y eficaz en sus tareas de organizar las elecciones y de tutelar las libertades políticas. Las candidaturas independientes, la consulta popular y la iniciativa ciudadana tendrán limitado valor y alcance mientras no se resuelva este aspecto central de la democracia mexicana.