Liébano Sáenz
La normalidad democrática alcanzada desde los comicios de 1997 está amenazada, bajo dos fuegos, la parcialidad de las autoridades, encabezadas por el presidente López Obrador, y el dominio del crimen organizado en amplios territorios del país.
La Constitución es clara respecto a la obligación de todas las autoridades de mantenerse ajenas al proceso electoral, fundamental para la equidad en la contienda. No ha ocurrido así y desde hace tiempo, desde Palacio Nacional se ha asumido una postura no sólo parcial, sino protagónica, que ha tenido efectos perniciosos sobre el proceso en marcha rumbo al 2 de junio.
La reversión democrática no es interpretación, no es un recurso retórico propio de las campañas, acabar con la democracia es parte del Sigue leyendo