LFC un mes después

Liébano Sáenz

El pasado miércoles 11 fue ilustrativo de la actitud y de lo que son cada una de las partes en el conflicto derivado por la desaparición de Luz y Fuerza del Centro. En un escenario, el director de la Comisión Federal de Electricidad, Alfredo Elías Ayub recibía el reconocimiento del gremio de ingenieros; en el otro, El líder Martín Esparza y lo que le queda del SME, acompañado por sectores laborales y universitarios, en una marcha por las calles de la ciudad, expresión muy disminuida de un movimiento que languidece y al mismo tiempo se radicaliza.

El SME ha tenido un manejo deplorable en su estrategia de resistir y revertir la decisión gubernamental. Perdió en todos los frentes. La opinión pública de inicio estaba a favor de la decisión del gobierno, aunque dividida en cuanto al método empleado; ahora, la situación ha cambiado y el gobierno cuenta con un amplio consenso respecto de una decisión que por el temor al SME, fue pospuesta por décadas. Entre otros muchos desaciertos, el haber intentado intimidar a líderes de opinión y medios de comunicación, hizo del movimiento y de sus dirigentes mostrar su peor cara y dio razón al método empleado en la acción de finiquito de la empresa.

Despotismo y gobernadores

Liébano Sáenz

Los gobernadores, con singulares e inexplicables excepciones, fueron el factor para que el Congreso incrementara los ingresos públicos. No fue una decisión sencilla, menos popular –no hay impuesto que agrade, sobre todo si es al consumo–, pero era una necesidad cuya gravedad sólo conoce quien padece el efecto del severo deterioro de los ingresos. El Presidente y el Secretario de Hacienda conjuntamente con los gobernadores, pudieron alcanzar un acuerdo fructífero porque la elección del 5 de julio modificó la integración del Congreso, otorgando un mayor poder a los mandatarios locales.

A contrapelo de las fuerzas e inercias históricas, el federalismo ha sido la forma legal del Estado mexicano. Democracia, federalismo y municipalismo han sido tres grandes aspiraciones del proyecto de nación. Sin embargo, la ley y la realidad corren cada una por su lado. No obstante sus problemas y limitaciones, un logro significativo ha sido alcanzar la democracia liberal, no así el federalismo y municipios autónomos, independientes y autosuficientes. La inercia del pasado se ha impuesto. La lucha cívica que hizo de la desconcentración del poder su causa inició desde la periferia; el PAN que la abanderó, ya en el poder, en más de una manera, se sumó al centralismo.

El Senado en apuros

Liébano Sáenz

En la Cámara revisora, el proceso legislativo de la Ley de Ingresos no ha estado bien. Del Senado se esperaría mucho más, aunque lo importante es el desenlace; es más relevante el resultado que el camino y éste ha sido accidentado, además, revela que ese órgano legislativo no ha estado a la altura del momento del país, lo que también explica por qué las reformas fiscal y energética pasadas tuvieron tan magros resultados. No es cuestión de integración o de atributos, irrefutables para muchos de sus destacados miembros; al Senado se le valora como cuerpo colegiado y allí, desde septiembre de 2006, hay un déficit que se ha hecho evidente cada vez que hay una decisión fundamental para el país.

Es ilustrativo el que los diputados hayan podido alcanzar con mayor facilidad un acuerdo en materia fiscal. Como se ha dicho, no hay reforma aceptable que signifique mayores impuestos; las razones del buen resultado de la negociación en la Cámara baja están en los factores que inciden en el comportamiento de los diputados, especialmente, el hecho de que tienen una mayor representatividad y más cercanía con sus territorios y sus pobladores. Los diputados, mejor que los senadores, entienden lo que implica ayuntamientos en bancarrota, también las dificultades en las finanzas estatales.

Impuestos y política

Liébano Sáenz

El incremento de impuestos en la Cámara de Diputados ha dado lugar a una disputa que va más allá de las razones y argumentos sobre lo qué es más conveniente para el futuro del país. La decisión de la Cámara baja fue difícil y por ello, no deja de ser sorprendente el número de diputados que aprobaron el cambio, evidencia de una buena negociación, sobre todo, porque entraña un costo político directo. Ninguna reforma fiscal es aceptable en la medida en que se establezcan más impuestos; incluso hay razones para pensar que lo aprobado tendrá efectos negativos en la economía, aunque considerablemente peor, si no hubiera habido cambio.

El debate se ha complicado porque en la sociedad no ha quedado clara la gravedad de la situación de las finanzas públicas. La SHCP lo ha dicho, pero el debate entre las fuerzas políticas no ha permitido traducir el significado y los efectos de no hacer nada. En la población no hay sentido de urgencia ni de necesidad porque no se ha dimensionado el deterioro de los ingresos petroleros y los problemas estructurales del sistema recaudatorio nacional. El problema no se resuelve exclusivamente por la vía del ineludible ahorro en el gasto.

El Presidente y la liquidación de LyFC

Liébano Sáenz

La liquidación de LyFC pone a prueba el régimen vigente sobre las atribuciones del Presidente. El tema se desenvuelve en dos planos: el político, que se refiere a la capacidad de generar consenso social sobre una decisión de autoridad; el legal, relacionado con las atribuciones constitucionales del Presidente respecto al Congreso, para el caso específico, la decisión de crear o cerrar entidades de la administración pública paraestatal. Los hechos no sólo permiten evaluar lo existente, sino hacia dónde debe evolucionar el cambio institucional, es decir, si debemos tener un Poder Ejecutivo fortalecido en el marco de la ley o si el Congreso habrá de participar en las decisiones fundamentales del ejercicio del gobierno.

Las determinaciones de autoridad necesarias para el país, como fue la desaparición de LyFC y el operativo para salvaguardar las instalaciones estratégicas y así garantizar la medida y la continuidad operativa del servicio eléctrico, son temas que desataron controversia en la opinión pública. De manera implícita, la cuestión es si el Presidente debe contar con todos los elementos para ejecutar decisiones difíciles, las que pudieran resultar impopulares para ciertos segmentos o generar resistencias de los afectados.